El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha deseado este miércoles que "cuanto antes" la Audiencia Provincial de Sevilla resuelva sobre la elevación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) tras los recursos de amparo de los exaltos cargos condenados en el caso de los ERE y que le obliga a redactar nuevos fallos.
Del Río considera que tienen que "esperar y respetar esa decisión, esa deliberación y la decisión en su caso que se tome", al margen de la celeridad de la deliberación de tres días que se ha marcado la Audiencia de Sevilla para decidir si finalmente eleva la cuestión prejudicial al TJUE.
El presidente del TJSA se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla antes de participar junto al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la inauguración de unas jornadas sobre medios alternativos de solución de controversias previstas en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
"Nos interesa que cuanto antes ya tome la decisión que quede más conveniente y que se resuelva en un sentido o en otro", ha proseguido ratificándose sobre la premura en decidirse la Audiencia de Sevilla.
Cuestionado sobre la decisión de la Audiencia de Sevilla apostando por ir al TJUE y la controversia posterior suscitada con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha sostenido que "consideración no puede haber" al esgrimir que se trata de "un momento de deliberación judicial", aunque posteriormente ha admitido que "siempre hay alguna sorpresa hay" por ese paso procesal de la Audiencia de Sevilla.
Con todo, Del Río ha apostado por "ir respetando un poco todas las instituciones que vayan desplegando sus capacidades o posibilidades de actuación" y, a partir de entonces, "ya es su momento de actuar o pronunciarse".
Sobre el alargamiento de esta causa en caso de que finalmente llegue al Tribunal de Justicia europeo, el presidente del TSJA se ha reafirmado en su argumento de que "lo ideal es cuanto antes que esto se vaya resolviendo", tanto en lo relativo a la deliberación de la Audiencia de Sevilla y "ya lo fije definitivamente si se eleva o no", para que posteriormente "cuanto antes tengamos ya la respuesta del Tribunal de Justicia" europeo y así "todo esté ya resuelto y ejecutado lo que tenga que ser".
Este martes la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, encargada de las nuevas sentencias tras los fallos del TC en la llamada pieza política de los ERE, dictó una providencia para marcarse tres días de abril y mayo para deliberar sobre si plantea la cuestión prejudicial.
DELIBERACIÓN 24 Y 29 DE ABRIL Y 13 DE MAYO
El tribunal ha establecido los días 24 y 29 de abril y 13 de mayo, para celebrar dicha "deliberación", según figura en esta nueva providencia difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El Constitucional ha declarado que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en su sentencia inicial condenatoria y el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían "incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española".
Ante ello, la Audiencia emitía una providencia el 18 de marzo preguntando a las partes sobre si el TC se habría "extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar, a través de una interpretación alternativa de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos, la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Supremo".
También preguntaba "si la interpretación del TC sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitaria, al dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución, lo cual podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de la administración pública".
Y por último, preguntaba por la "posibilidad de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Constitucional interpretativas de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio, conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios, dichas normas no excluyen la tipicidad penal".
Ante ello, Cándido Conde-Pumpido encargó un informe a los letrados de la corte de garantías para estudiar si la Audiencia puede o no formular esta cuestión prejudicial al TJUE sobre este asunto y esos informes jurídicos resolvieron que no se puede impedir que los jueces y tribunales consulten al TJUE, aunque se trate de sentencias del TC que 'a priori' deben ejecutar.
