El exconsejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, ha testificado este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla por las presuntas irregularidades en la adjudicación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar. La causa penal se originó tras la denuncia presentada por Emerita Resources, una de las empresas que optó sin éxito a la concesión y que sostiene que su oferta era superior a la seleccionada.
Durante su declaración como testigo, Sánchez Maldonado ha recordado su etapa al frente de la Consejería entre 2013 y 2017, periodo en el que se reactivó el concurso para reabrir la mina clausurada desde el desastre ecológico de 1998. Aunque no ha precisado fechas, ha señalado que informó en su momento al Parlamento sobre el proceso, en el que participaron Minorbis, apoyada por Grupo México, y Emerita Resources, ligada al fondo Forbes & Manhattan.
En ese marco, el exconsejero ha asegurado que en su comparecencia parlamentaria, él estaba "convencido" y "seguro" de que habían "actuado de manera correcta" tanto los funcionarios miembros de la comisión técnica del concurso, como los funcionarios de la mesa de contratación y el entonces secretario general de la Consejería, Vicente Cecilio Fernández Guerrero; y la exdirectora general de Minas, María José Asensio Coto; personas estas que figuran como acusadas en este juicio.
De este modo, el exconsejero ha manifestado que él "confiaba" en el secretario general de la Consejería y la directora general de Minas de su departamento y estaba "convencido" de que "habían actuado de manera correcta y hecho un buen trabajo", precisando que él no participó en ninguna reunión con los funcionarios miembros de la comisión técnica, de la mesa de contratación o con representantes de las empresas que pujaban por los derechos de explotación de la mina.
Durante esta sesión ha testificado igualmente la que fuera directora de Comunicación Institucional de Magtel y adjunta a la Presidencia de la entidad, Mercedes Galindo, quien ha manifestado que la empresa contaba con una "comunicación fluida" con la Junta de Andalucía porque aunque la Administración andaluza no era un "cliente estratégico" como tal, sí era "un eje importante" de la actividad empresarial por los permisos y autorizaciones que tramitaba con relación a las actividades en las que Magtel desarrollaba sus líneas de negocio.
En ese marco, ha considerado como "normal" que desde su departamento se propusiese un almuerzo entre el presidente de Magtel y acusado en este juicio, Mario López Magdaleno; y el entonces secretario general de la Consejería, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, también encartado en esta causa. "Era normal en la relación con la administración", ha señalado, asegurando que Magtel se comunicaba siempre con la Junta "por los canales oficiales".
Magtel, según ha asegurado la ex responsable de Comunicación Institucional de la misma, realizaba así a la Junta las "consultas normales" sobre las tramitaciones administrativas.
El "interés" del presidente de Emerita
Del mismo modo, ha negado que le constase que desde Magtel se propusiese a Emerita Resources España promover un proyecto conjunto para la explotación de la mina de Aznalcóllar y, a colación, ha asegurado que en una ocasión, en un acto público, el presidente de Emerita, Joaquín Merino, le mostró su "interés" por mantener un encuentro con Mario López Magdaleno.
Merino, recordémoslo, ha asegurado de su lado en el juicio que se sintió "extorsionado" por el presidente de Magtel, manifestando que el mismo le trasladó que él tenía "la llave" del concurso de la mina de Aznalcóllar y que le reclamaba "el 15 por ciento" del negocio a la hora de promover un proyecto conjunto.
Así, la testigo ha negado que Magtel contase con "trato de favor" o un tratamiento "especial" por parte de la Junta, poniendo como ejemplo que en una ocasión, un proyecto promovido por la empresa para un parque eólico marino en Cádiz "se quedó guardado en el cajón" por la falta de apoyo de la Administración andaluza ante el Estado, pese a que la empresa había pedido respaldo a la Junta.
Los dos sobreseimientos del caso
Recordemos que merced a las peticiones de la Fiscalía, la jueza instructora de la denuncia inicial de Emerita Resources, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó hasta dos veces el sobreseimiento de la investigación de este caso al no apreciar delito alguno.
Pero tras los recursos de apelación de las acusaciones particulares contra tales decisiones de archivo, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya; instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; accedió a las tesis de las acusaciones ordenando la reapertura de las diligencias, cristalizadas ahora en el citado juicio, en el que la Fiscalía no formula acusación.
