El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado este miércoles la "presión política" que asegura que ejerce el Gobierno de Castilla-La Mancha para "frenar" el trasvase del Tajo-Segura y ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica que cumpla con las reglas de explotación vigentes. "No vamos a permitir que decisiones exclusivamente políticas hurten el agua que nos corresponde", ha advertido en un comunicado.
Barrachina ha calificado de "insolidarias e injustas" unas declaraciones del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, en las que critica el trasvase y exige su revisión en profundidad.
Según ha señalado el departamento dirigido por Barrachina, "a pesar de las abundantes lluvias registradas en marzo y abril de 2025, que han elevado la reserva hídrica española al 74 por ciento de su capacidad total (41.478 hectómetros cúbicos), persisten diferencias significativas entre las distintas cuencas hidrográficas del país".
La cuenca del Segura continúa siendo la más afectada, con tan solo un 28,8% de su capacidad, siendo la única por debajo del 50%.
"La Comunitat Valenciana no puede seguir siendo víctima de un chantaje político disfrazado de discurso ambiental. El trasvase Tajo-Segura no solo es legal y necesario, sino que está amparado por unas reglas técnicas que se están ignorando deliberadamente", ha denunciado el conseller.
En este sentido, Barrachina ha recordado que los 26 "recortes políticos" acometidos por el gobierno de Pedro Sánchez "perjudican gravemente la producción agrícola y la economía de la región, que depende en gran medida de este recurso hídrico para el riego de los cultivos".
Actualmente, la cabecera del Tajo, que se encuentra en Nivel 1, supera los 1.400 hectómetros cúbicos, "lo que permitiría, conforme a la normativa vigente, autorizar un trasvase automático". Sin embargo, ha lamentado que el Ministerio "aún no ha resuelto la transferencia de caudales, a pesar de que la situación lo permite".
Barrachina ha reclamado una "actuación inmediata" del Gobierno central para frenar lo que ha calificado como "un atropello a la economía y el bienestar de la Comunitat Valenciana y en especial de Alicante". "Hablamos del sustento de decenas de miles de familias, del futuro de nuestros campos, de nuestra industria agroalimentaria, y de un modelo de gestión hídrica que ha sido ejemplar durante décadas. No vamos a permitir que se frene ni un solo metro cúbico del agua que nos corresponde", ha subrayado.
Barrachina ha advertido que "el dogmatismo, sin rigor técnico, del Gobierno de Sánchez provocará pérdidas económicas de 6.000 millones de euros, la desaparición de 15.000 puestos de trabajo y la tala de 10 millones de árboles. Además de que sigue dejando perder el agua que necesita la provincia de Alicante en Portugal".
"TODAS LAS VÍAS" PARA DEFENDERLO
El conseller ha insistido en que el Gobierno de la Generalitat Valenciana utilizará "todas las vías" a su alcance "para defender el trasvase y garantizar el justo acceso al agua". "El agua no es propiedad de ningún territorio. Es un bien común que debe gestionarse con justicia, solidaridad y rigor técnico, no con intereses partidistas. La alternativa al trasvase es el desierto para miles de agricultores, miles de hectáreas de huerta y millones de árboles que se talarán si no llega el agua," ha concluido el conseller.
