La defensa de la que era consellera de Justicia e Interior el día de la dana, Salomé Pradas, ha pedido a la jueza que investiga la gestión de la catástrofe que deje sin efecto la transcripción de la declaración que hizo su cliente como investigada el pasado 11 de abril y reclama una "literal" ya que considera que el escrito trasladado a las partes hace una "especie de resumen o esbozo" de lo declarado que es "no solo incompleto sino incorrecto y no puede ser considerado verdaderamente una transcripción". Además, lo califica de "parcial".
Así consta en el escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número tres de catarroja, consultado por europa Press, y donde el letrado defensor de Pradas sostiene que la consellera estuvo declarando durante casi tres horas, se le realizaron en torno a 140 preguntas sobre distintos ámbitos "que tuvieron una respuesta muy extensa y detallada" y "muy ilustradora para el desarrollo de la investigación".
Una "extensión y exhaustividad" que "no fue caprichosa" sino que "responde al carácter del procedimiento, en el que se imputa a mi mandante nada menos que el homicidio por omisión de más de 200 personas", expone la defensa en el escrito, en el que recalca que en esa comparecencia "se trataron temas tan esenciales para el devenir del procedimiento como la distribución de competencias en materia de emergencias, la cronología del día 29 de octubre, la información con la que contaba la señora Pradas aquel día y el funcionamiento del Cecopi, todo ello relativo a los hechos que se consideran constitutivos de delito y cometidos, por omisión, y una 'patente pasividad' por mi mandante".
En esta línea, sostiene que esa declaración "no puede plasmarse en 10 folios, en los que se hace una especie de 'resumen' o 'esbozo' de lo allí declarado por mi representada en carácter de investigada, no solo incompleto sino incorrecto y no puede ser considerado verdaderamente una transcripción".
Y añade que aunque conste la grabación de esa declaración, entiende que debe garantizarse que si se da trasladado por escrito a todas las partes "de la 'supuesta' transcripción de la misma, ésta debe reflejar la realidad, sin que puedan omitirse partes esenciales y matices importantes expresados por la declarante".
En esta línea, recalca que la declaración del investigado es una garantía del derecho de defensa por lo que "no cabe otra manera legítima de plasmar y dar traslado a todas las partes de la transcripción de la declaración de la señora Pradas que no sea su transcripción literal".
LOS EXPERTOS TENÍAN QUE COORDINAR
En su declaración ante la jueza, Salomé Pradas declaró que su cargo "institucional", no tenía asesores en materia de Emergencias y eran los expertos los que tenían que coordinar. Su decisión "hubiera sido muy irresponsable si no hubiera atendido a los técnicos y aplicar lo que dice el plan", hizo notar la exdirigente, que insistió en que podría haber cometido "una temeridad" o, incluso, legalmente se le podría haber atribuido un delito de prevaricación.
Así figura en la declaración en calidad de investigada que la exconsellera realizó el viernes 11 de abril ante la instructora y consta en la transcripción trasladada a las partes. Como ya trascendió ese día, Pradas aseguró que ella no dirigía nada y que no tenía experiencia en emergencias. Además, puso el foco en la falta de información en la que, según sostuvo, incurrió la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y negó que se estuviera esperando al 'president', Carlos Mazón, para enviar el mensaje de alerta a la población.
En su declaración, en la que únicamente respondió a preguntas de su abogado, Pradas aseguró que los planes de emergencias, según le explicaban los técnicos, están diseñados para una aplicación con automatismo para no tener que pensar ni tomar decisiones y que ella no tenía conocimientos técnicos --es licenciada en derecho y ha ejercido la abogacía--.
Tampoco disponía de asesores en materia de emergencias, ya que el gabinete de la Conselleria de Justicia e Interior comprendía una jefa de gabinete, un jefe de prensa, un asesor de asuntos parlamentarios y un asesor de asuntos generales. Los sí eran expertos en emergencias el día de la dana, puntualizó, era el comité asesor del Cecopi. Allí, según apostilló, la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) y ella eran "las no expertas en la materia, sino representantes institucionales", y los expertos "eran los que tenían que coordinar".
