El juzgado de instrucción número 5 de Estepona ha ordenado la apertura de juicio contra el alcalde de la localidad, José María García Urbano, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La investigación se centra en la contratación durante 48 días, en 2023, de C.P.B., una mujer con la que el alcalde mantenía una "relación íntima de amistad", según recoge el auto judicial. Durante ese tiempo, percibió más de 5.200 euros netos sin que conste que realizara tarea alguna para el consistorio.
Según ha publicado eldiario.es, el procedimiento judicial, que se desarrollará ante un jurado popular, se celebrará el próximo 4 de junio. El auto, con fecha de este martes, abre oficialmente la fase de juicio y puede ser recurrido por el propio García Urbano en un plazo de tres días. Según el juez, existen indicios suficientes de que el alcalde aprovechó su posición para beneficiar económicamente a la mujer, sin que haya quedado acreditado que realizara ninguna función efectiva.
La contratación de C.P.B. surgió como derivada de otra causa abierta por una denuncia de acoso sexual presentada por un policía local, entonces pareja de la mujer, quien afirmaba ser también víctima de acoso por parte del alcalde. Posteriormente, la propia C.P.B. ratificó que fue contratada sin desempeñar labor alguna, a pesar de recibir un salario público. Esta causa por acoso fue archivada al considerarse que las relaciones fueron consentidas, aunque el archivo ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial de Málaga.
En el transcurso de la instrucción por malversación, se han recabado declaraciones de los implicados, informes internos, justificantes bancarios y mensajes de Whatsapp. El concejal del área correspondiente, Blas Ruzafa, y el departamento de Recursos Humanos indicaron que las supuestas funciones de la contratada eran "revisar farolas, comprobar maceteros y estar pendiente de redes sociales" sobre la imagen de la ciudad. Sin embargo, no existe constancia documental alguna de que realizara esas labores: no tenía correo electrónico, ni acceso a los sistemas del Ayuntamiento, ni se registró su presencia en el trabajo. Nadie la vio acudir a las instalaciones municipales, y ella misma declaró que nunca fue informada de sus funciones ni pisó el despacho.
La mujer también relató en su declaración que el alcalde le aseguró que no se preocupara porque "el Ayuntamiento era su cortijo", y que incluso llegó a pagarle el alquiler de un piso antes de formalizar su contratación. García Urbano, por su parte, se negó a responder a las preguntas del juez, la fiscal y las acusaciones populares —presentadas por PSOE y Vox—, limitándose a defender su inocencia con un alegato personal.
El alcalde de Estepona, que gobierna la ciudad con una amplísima mayoría absoluta desde 2011, sostiene que las denuncias responden a "motivos espurios" y carecen de fundamento. Sin embargo, la justicia lo ha emplazado formalmente a sentarse en el banquillo para responder por un contrato cuya legalidad y motivación están ahora bajo la lupa.
