La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años y medio de cárcel al exdirector general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, por la contratación "ilegal y absolutamente irregular" del exalcalde socialista de Lebrija (Sevilla), Antonio Torres, motivada únicamente por su "voluntad, amistad y afinidad política". Sobre Villén ya pesa una condena previa a seis años de prisión por pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de dicha fundación.
Condena por malversación y prevaricación
Así figura en la sentencia emitida este miércoles y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En concreto, el tribunal condena a Villén a tres años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación, así como a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. En ambos casos concurre la atenuante de dilaciones indebidas.
Por su parte, Antonio Torres ha sido condenado a dos años y tres meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de un delito de malversación, y a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, concurriendo también la atenuante simple de dilaciones indebidas.
Indemnización a la Junta
Además, los dos condenados deberán indemnizar conjuntamente a la Junta de Andalucía con 359.973,51 euros, cantidad que percibió el exalcalde desde su contratación hasta la extinción de la Faffe y su incorporación al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Los magistrados consideran probado que, tras las elecciones municipales de 2003, el exprimer edil perdió la Alcaldía de Lebrija tras 24 años en el cargo y acudió "directamente" a Fernando Villén pidiendo trabajo, a lo que este accedió "con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe", una justificación que consideran innecesaria, dado que la entidad ya recibía numerosas subvenciones públicas.
Durante el juicio, Torres negó este extremo y defendió que no concurrió a los comicios de 2003 por voluntad propia, ya que había decidido "dejar la política activa", y que fue él quien ofreció sus servicios a la Faffe.
Un puesto creado a medida
La Sección Tercera subraya que "no consta" que el exalcalde se encargara en ningún momento de este aspecto financiero, tampoco que tuviera aptitudes para asumir funciones directivas. Además, "exigió que desde el primer momento se le hiciera fijo", lo que Villén aceptó, y "puso sus condiciones salariales".
"Como el organigrama administrativo de la Fundación no contemplaba puesto" para Torres, el exresponsable de la Faffe creó uno 'ad hoc', que denominó Dirección de Relaciones Externas, un departamento que "es inexistente, no tiene sede, ni despacho, ni personal adscrito", y en el que el acusado "no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno", según el tribunal.
A pesar de ello, el exalcalde se hizo con una tarjeta de visita con sus datos personales y el logotipo de la Junta de Andalucía, sin más dependencia jerárquica que la de Villén. Nunca se integró en el Comité Directivo ni acudió a sus sesiones, era desconocido para otros trabajadores y directivos.
Contratado sin proceso ni control
El contrato de Torres fue firmado por Villén el 1 de julio de 2003 como gestor de Recursos Municipales con categoría de Mando, inicialmente temporal y convertido en indefinido en diciembre de 2004 como directivo, con una retribución anual superior a 40.000 euros. Permaneció en alta en la Faffe hasta su extinción e integración en el SAE en 2011.
"Los escasos trabajos", apuntan los jueces, se reducían a contactar con algún político o autoridad en diez años, realizados siempre desde su domicilio y con medios propios, como correo electrónico gratuito tipo Hotmail o Gmail. Torres alegó que no necesitaba despacho en la Faffe por su tipo de labor, que iba "cada 15 días" a la sede y que captó "dos millones" de euros en fondos para la entidad.
Falta total de legalidad
Los magistrados concluyen que la contratación fue injusta, arbitraria y contraria a los principios de la función pública, como publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad, mérito y capacidad. No hay constancia de ningún proceso de selección ni de valoración de otros candidatos.
El resto del personal desconocía la existencia del exalcalde como contratado, y no existe ninguna prueba documental que acredite el cumplimiento mínimo de los requisitos para su contratación.
La Sección Tercera afirma que Torres contribuyó a la contratación ilícita, aportando elementos para darle apariencia de legalidad y actuando de forma concertada con Villén.
"La contratación es ilegal, grosera, está basada en una decisión arbitraria dictada con la voluntad de apartarse de los principios de mérito y capacidad", señala la sentencia, que critica el uso de la Faffe para colocar a personas afines.
En resumen, los jueces concluyen que el objetivo era proporcionar un beneficio económico al exalcalde, con desviación de fondos públicos y perjuicio al erario. “Antonio T. no fue a trabajar pero recibió el dinero", apunta la resolución, que censura el "desprecio patente a la legalidad administrativa" por parte de ambos condenados.
"La conducta enjuiciada era fruto de un acuerdo entre ambos acusados para, aprovechando su cercanía personal o política, detraer fondos públicos en su propio beneficio, con correlativo perjuicio para las arcas públicas", concluye el fallo.
