Un centenar de juristas del Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) ha denunciado la comisión de crímenes de guerra, de lesa humanidad e incluso de genocidio por parte Israel en Gaza y ha reclamado a España y a la Unión Europea que se personen en los procesos penales internacionales contra el Estado hebreo, así como la ruptura de las relaciones comerciales y diplomáticas.
En un comunicado firmado por un centenar de penalistas españoles, ente ellos más de cuarenta catedráticos de Derecho penal, el GEPC ha rechazado las actuaciones de Israel en la Franja Gaza y ha asegurado que "todos los conocimientos disponibles" hasta el momento sobre el conflicto "indican que el Ejército del Estado de Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", y que existen "sólidos indicios" de que se está "ante un delito de genocidio".
Los firmantes expresan su "profundo rechazo" a la conducta del Gobierno israelí y critican la "pasividad predominante" de la comunidad internacional, señalando de forma particular a Estados Unidos por su apoyo económico y militar a Israel, y a la Unión Europea por su "equidistancia" o "cuando no su claro apoyo" al Estado hebreo. También cuestionan el "insuficiente compromiso" del Gobierno español.
Además, el GEPC subraya que "la responsabilidad primera" recae sobre Israel, que "ha incumplido reiteradamente" resoluciones de Naciones Unidas desde 1947, ocupando e incorporando territorios que "nunca le han sido reconocidos internacionalmente", Asimismo, piden que las autoridades palestinas contribuyan a la solución del conflicto, con renuncia expresa a "comportamientos terroristas".
Ante esta situación, los firmantes exigen a los Veintisiete, y en particular a España, que se personen en los procesos penales internacionales contra dirigentes israelíes, que impulsen investigaciones y presenten querellas por los delitos presuntamente cometidos. También piden la aplicación efectiva del principio de jurisdicción universal y la involucración directa en la solución "política" del conflicto.
Añaden la necesidad de prohibir, "con efectos retroactivos", los intercambios comerciales directos o mediante intermediarios con Israel de suministro militar y, como medio para "favorecer la reacción de la sociedad israelí", la ruptura total de las relaciones diplomáticas y comerciales con el país dirigido por Benjamin Netanyahu.
"La comunidad internacional debe implicarse con decisión en la solución del conflicto, además de rechazar sin ambages recientes propuestas de Estados Unidos que aceptan e incluso incentivan la política de hechos consumados de Israel. La responsabilidad en el pasado de diversos estados y sociedades europeas en el exterminio y genocidio del pueblo judío, no justifica su inacción e hipocresía actuales", se lee en el texto.
Entre los firmantes destacan Adela Asúa, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, y José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. También firman, entre otros, los catedráticos de Derecho Penal Mercedes García Arán y Juan M. Terradillos, o el director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Vizcaya, Jon Mirena Landa.
