España se ha visto forzada a renunciar a la petición de someter a votación este martes su propuesta para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE, después de que varias delegaciones insistieran en que es prematuro pronunciarse sobre un asunto sobre el que apenas se ha debatido y sobre el que persisten serias dudas sobre su encaje legal e impacto económico y práctico.
La presidencia de turno que este semestre ocupa Polonia ha tomado la iniciativa de "posponer" la discusión, según han informado a Europa Press varias fuentes diplomáticas, sin aclarar cuáles serán los próximos pasos a seguir.
Cuando España intentó por primera vez la oficialidad de las lenguas en el segundo semestre de 2023, la votación quedó también aplazada a expensas de avanzar el análisis en grupos de trabajo en el seno del Consejo, aunque este encargo no llegó a concretarse y Madrid optó por buscar acuerdos en bilateral directamente con las capitales.
Otras fuentes aclaran que la decisión de aparcar el asunto se ha producido tras escuchar a "bastantes" Estados miembro pedir "más claridad" y después de que los servicios legales avisaran de que tenían dudas de que tal modificación del reglamento de lenguas pudiera llevarse a cabo sin una reforma de los Tratados.
El punto figuraba en la agenda "para adopción" a petición del Gobierno, que en las últimas semanas intensificó sus contactos con las capitales para defender la oficialidad de las tres lenguas cooficiales a partir de enero de 2027, pero asumiendo el coste total que en el caso del resto de idiomas asume la UE e introduciendo una derogación inmediata para una implementación parcial que excluyera la traducción del grueso de la legislación comunitaria.
Sin embargo, tras abrir el debate el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, varias delegaciones han tomado la palabra en una discusión que apenas ha durado 45 minutos, para pedir a España que diera marcha atrás en la votación, para poder seguir discutiendo más adelante, habida cuenta de que sigue habiendo dudas legales, económicas y prácticas "sin resolver", según fuentes europeas.
De hecho, ya en las declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión en Bruselas, varios ministros ya apuntaron sus dudas sobre la idoneidad de votar de forma prematura un asunto sobre el que apenas se ha discutido a 27 y respecto al que persisten dudas, incluso de los servicios legales del Consejo.
Entre ellos, el ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Joakim Strand, ha confiado en no tener que votar y pedido tomar "muy en serio" un tema que, a su juicio, aún no está "maduro"; mientras que sus colegas austríaca, Claudia Plakolm, y sueca, Jessica Rosencrantz, han apuntado las dudas legales y financieras.
En Madrid, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado que España ha aceptado "la petición de varios países de seguir dialogando". Según ha explicado, "se habían conseguido grandes avances en estas últimas semanas y de hecho había un número amplio de Estados que estaban dispuestos a aprobar esta medida esta misma mañana, pero también es verdad que un número menor, más pequeño, de otros países nos han pedido más tiempo, más información".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha dejado claro que el "interés" del Gobierno "es que se reconozca y se respete esa identidad plurilingüe" de España y por tanto "vamos a seguir trabajando y dialogando para conseguir este compromiso y este reconocimiento".
En las discusiones previas a nivel de embajadores para preparar la reunión de este martes, sólo Portugal y Bélgica tomaron la palabra para expresar su apoyo a la propuesta española, según revelaron fuentes europeas a Europa Press.
Entonces, los países bálticos y nórdicos, además de Francia e Italia, expresaron sus dudas sobre el alcance de la reforma y la falta de informes jurídicos y económicos solicitados por varias delegaciones en el pasado.
