La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ, ha investigado a dos personas, un hombre y una mujer de 55 y 53 años, respectivamente, como presuntas autoras de delitos de administración desleal y apropiación indebida tras detectarse un perjuicio patrimonial grave, de más de 111.000 euros, a una persona de 98 años que residía en una institución asistencial y a la que dejaron en una situación económica "muy precaria".
Según han informado desde la Guardia Civil, la investigación se inició tras el aviso de una trabajadora social sobre la situación de precariedad económica en la que se encontraba la víctima. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tudela abrió diligencias, encargando a la Guardia Civil la investigación de los hechos.
El estudio patrimonial realizado permitió detectar un desvío económico superior a 111.000 euros, a través de extracciones en efectivo, transferencias bancarias y la venta de un inmueble propiedad de la víctima a un precio inferior al de mercado. Para llevar a cabo estas acciones, los investigados se habrían amparado en un poder notarial de administración patrimonial.
Gracias a la colaboración entre la Hacienda Foral de Navarra y la Guardia Civil, sobre gastos e impuestos y deudas Recaudación Ejecutiva, se pudo acreditar que los investigados "incumplieron gravemente las obligaciones de administración fiduciaria, beneficiándose personalmente del patrimonio de la víctima".
Así, "teniendo la capacidad y la facultad para administrar el patrimonio de la víctima", la conducta de estas personas "infringe las facultades de administración, extralimitándose en el ejercicio de las facultades de disposición sobre ese patrimonio, sin la diligencia y lealtad que se exige, causándole además un grave perjuicio económico".
Por estos hechos se ha puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Tudela a un hombre y una mujer, de nacionalidad española, de 55 y 53 años respectivamente, residentes en un municipio de Navarra como presuntos de los delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Actualmente, la gestión de los bienes de la víctima ha sido encomendada a una fundación pública navarra de apoyo a personas con discapacidad, "garantizando así la protección de su patrimonio".
