El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha reconocido que las dos desaladoras previstas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en Águilas (Murcia) y Torrevieja (Alicante) no estarán en funcionamiento en 2027, cuando previsiblemente entren en vigor las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
En declaraciones a los medios de comunicación previas a un acto público celebrado este miércoles en Murcia, Morán ha señalado que el plazo de construcción de una desaladora es "de unos 5 o 6 años", y "siempre y cuando haya colaboración del conjunto de las administraciones".
Como ejemplo, ha mencionado el caso de la desaladora de Torrevieja, que hoy está en pleno uso, pero fue diseñada "por el año 2005" y, entretanto, "tuvo que llegarse al Tribunal Constitucional para poder dirimir un proceso de bloqueo de construcción de la misma, porque había una oposición, en aquel caso política, a la construcción".
"Si todo va bien, si no nos encontramos en un proceso de torpedeo de las iniciativas, estas y algunas otras que aparecen recogidas en la planificación hidrológica pueden cumplir perfectamente sus calendarios, pero una nueva desaladora son en el entorno de 5 años", ha aclarado a preguntas de los periodistas.
Morán ha señalado que en estos momentos la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) "ya está en condiciones de poder lanzar el proceso de licitación para la redacción de los proyectos correspondientes" de sendas plantas desaladoras, que tendrán una capacidad de producción de 50 y 100 hectómetros cúbicos.
SENTENCIA DEL TS
Preguntado sobre la sentencia del Tribunal Supremo respecto a la implantación de los caudales ecológicos del Tajo, Morán ha indicado que "en ningún caso" la ejecución de la misma "tiene que traer causa de una decisión de orden político, sino que tiene que estar perfectamente fundamentada en términos jurídicos".
Ha reconocido que la sentencia "está suscitando diversas opiniones y, además, no coincidentes" y, en este sentido, el Miteco ha creído "oportuno" impulsar "un proceso de escucha previo" para "construir una interpretación propia, siempre sobre la base de la interpretación jurídica".
Así, ha señalado que en cuanto su secretaría tenga "ese conocimiento jurídico asentado", trasladará al Tribunal Supremo "los términos de la ejecución de la sentencia".
