El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha urgido al Gobierno a que "decida ya" en cuanto a la OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell, toda vez que el Ministerio de Economía elevó ayer el asunto al Consejo de Ministros y los plazos pueden extenderse hasta finales de junio.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios este miércoles tras un encuentro en la sede de la patronal con el consejero delegado de MasOrange, en tanto que ha subrayado que "no se puede estar meses y meses con un tema que es importante, tanto para una entidad como para otra y para los accionistas".
Garamendi ha enmarcado que desde la patronal no entran en el fondo de la cuestión y si la OPA ha de resolverse en un sentido u otro: "Nosotros vivimos una situación totalmente respetuosa con respecto a los intereses de una u otra entidad", ha aseverado.
Con todo, ha reiterado que lo "lógico" es que la decisión se tomase ya: "Los datos los tienen encima de la mesa", ha indicado en alusión al Gobierno y los dictámenes que han ido marcado el proceso, como el informe de la CNMC.
"El Gobierno tiene la decisión y es lo que marca la ley; por lo tanto, si es así, pues que tome la decisión ya", ha instado el jefe de la patronal para incidir después en que "estas cosas se deben de resolver pronto" y que el Gobierno "tiene en vilo desde hace más de un año" a todos. "Los accionistas en la vida también pintamos algo", ha remachado.
ECONOMÍA ELEVA EL ASUNTO AL CONSEJO DE MINISTROS
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, decidió ayer finalmente elevar la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell al Consejo de Ministros para que examine la integración por razones de interés general diferentes a la competencia.
Se trataba de un movimiento esperado por el mercado. A partir de ayer, ha comenzado a contar un plazo de 30 días naturales para que el Consejo de Ministros emita su dictamen sobre la OPA.
En la orden para elevar la operación, Cuerpo ha fundamentado la decisión en el potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social.
La decisión se produce una vez recibido el expediente de concentración y la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta última recogía diversos compromisos, a cuyo cumplimiento queda subordinada la autorización de la operación.
