La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno central, ha reconocido este jueves ante el Tribunal Supremo que desde el pasado marzo "no ha podido evaluar individualmente" a ninguno de los menores migrantes no acompañados que pidieron asilo en Canarias. Según ha dicho, es porque está a la espera de que el Gobierno autonómico le envíe cierta documentación, por lo que "no se ha realizado todavía ninguna medida de acogida".
Así se ha pronunciado en el marco de la vista celebrada en el alto tribunal para que explicara en detalle las medidas que había adoptado para atender a unos mil migrantes menores no acompañados que han pedido asilo en Canarias. El Supremo fijó esta audiencia al considerar que la Administración del Estado no había cumplido con la orden que le dio el pasado 25 de marzo para que se hiciera cargo de 1.008 menores ante la "situación de hacinamiento" en la que se encuentran.
El Gobierno ha explicado que no ha podido "evaluar individualmente" a los menores porque continúa a la espera de que Canarias le facilite documentación relativa a sus expedientes. Pero la representante legal del Gobierno canario ha contestado en la vista que dicha información ya está en manos de la Administración del Estado --en concreto, de la Policía Nacional-- porque se les envía cuando se registra la manifestación de la voluntad del menor de solicitar protección internacional.
Durante sus alegaciones, la Abogacía del Estado ha indicado que no tiene constancia de los 1.008 migrantes menores no acompañados solicitantes de asilo a los que hace referencia el mandato del Supremo. Según ha indicado, tras cruzar datos con el Ministerio de Interior, del total de 5.600 menores no acompañados de los que ha informado Canarias, solo 762 han pedido protección internacional.
En este punto de la vista, el Gobierno ha instado al Supremo a pedir información al Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska si así lo considera pertinente.
Al margen, el Ejecutivo central ha manifestado que no existen recursos disponibles para atender a dichos menores, toda vez que los centros de acogida actuales están acondicionados únicamente para atender a adultos. Según ha reconocido, no hay infraestructuras que permitan alojar a los menores no acompañados en espacios separados de los adultos, ni hay personal capacitado para brindarles asistencia 24 horas, como requiere la ley.
No obstante, la Administración ha señalado ante el tribunal las medidas que sí ha podido adoptar hasta ahora, como asegurar las 45 plazas disponibles en centros (no especializados en menores) de Canarias y crear 150 nuevas plazas para menores no acompañados.
También ha hecho referencia a la propuesta de protocolo que presentó el miércoles para dar asistencia a los menores migrantes solicitantes de asilo en el archipiélago. "Es un mero borrador", ha reconocido.
CANARIAS: "NO HA CAMBIADO ABSOLUTAMENTE NADA"
En el marco de la vista, Canarias ha afeado que el Ejecutivo central presentara dicho borrador en vísperas a la vista de este jueves. Y ha incidido en que el texto recoge un calendario de aprobación no previo al 30 de septiembre de 2025. "Es absolutamente imposible que ese borrador se firme y se dé cumplimiento al auto", ha apuntado, para luego asegurar que no es una propuesta que pueda asumir el Gobierno canario.
Así, ha acusado al Gobierno de intentar "dilatar" los tiempos de ejecución de la orden del Supremo y, por ende, la acogida a los mil menores migrantes no acompañados. A su juicio, "ha quedado claro" ante la actuación de la Administración que "no ha cambiado absolutamente nada desde que se dictó el auto del Supremo".
La letrada ha subrayado que "cada día que ha pasado" desde que el alto tribunal se pronunció en marzo los menores migrantes no acompañados han permanecido bajo la tutela de Canarias "sin que se haya hecho nada por la Administración del Estado".
En este sentido, ha reprochado que el Ejecutivo todavía no haya evaluado individualmente a ninguno de los mil menores en cuestión, cuando el Supremo ordenó actuar el 25 de marzo. Y ha criticado que aún no haya puesto a disposición de los menores el acceso al sistema de acogida.
Ha incidido en que el Supremo ya ordenó al Gobierno que se hiciese cargo de los mil menores que habían pedido asilo, al tiempo que ha recalcado que aunque la Abogacía del Estado recurrió dicha decisión en un primer momento, finalmente retiró su recurso, por lo que el mandato es firme y debe cumplirlo.
83 CENTROS EN DOS AÑOS EN CANARIAS
Canarias ha recordado que "se trata de menores que han llegado solos, que no tienen adultos de referencia y que vienen de países donde se les ha puesto en riesgo". A su juicio, con ello "se presume que carecen de medios" para subsistir y que el hecho de que la comunidad autónoma asuma su protección hasta que se les dé acogida no les impide automáticamente el acceso a ella.
Además, ha relatado que en los últimos dos años el Gobierno canario se ha visto obligado a crear 83 centros para atender a los migrantes que llegan a sus costas. "Si la comunidad autónoma ha sido capaz, se presupone que la Administración del Estado podrá hacerlo también", ha añadido.
Ha asegurado que ha puesto "toda su voluntad" en la colaboración y ha acudido a las reuniones con el Gobierno central. No obstante, ha recalcado que en las conferencias sectoriales no se ha abordado el mandato del Supremo.
CINCO TESTIGOS
En el marco de la vista, han comparecido cinco testigos a petición de la Abogacía del Estado: cuatro funcionarios y una representante de una ONG.
Octavio Rivera, director general de Protección Internacional, dependiente de Interior, ha reconocido la "situación de absoluta saturación del sistema por el gran número de solicitantes" y ha apuntado que Canarias cuenta con el mayor número de menores migrantes no acompañados.
Durante la testifical, el presidente del tribunal, el magistrado Carlos Lesmes, le ha preguntado si tenía conocimiento de que existía un problema para que los menores migrantes no acompañados presentaran su solicitud. El testigo ha contestado que no consideraba un problema que un menor que ha podido manifestar su voluntad de plantear una solicitud no haya podido tramitarla, porque "la manifestación de voluntad ya es una garantía".
Con todo, Lesmes le ha preguntado qué han hecho desde su departamento para agilizar los procesos de tramitación después del requerimiento del Supremo. Rivera ha respondido que en este caso no podían acelarar nada porque estaban "paralizados por la falta de documentación".
Ante la insistencia del magistrado, el testigo ha explicado que las dificultades que atraviesan no son exclusivas en los casos de menores no acompañados, que también les sucede con adultos porque "el sistema está sobretensionado".
Lesmes ha vuelto a preguntar si aún siendo conscientes de la situación en Canarias no impulsaron ninguna medida paliativa. El director de Protección Internacional no ha podido señalar ninguna medida concreta.
Amparo González Ferrer, subdirectora de gestión de plazas del sistema de acogida, ha manifestado que solo ha tenido constancia de las 762 solicitudes de las que informó Interior, no así de las 1.008 a las que hace referencia el Supremo y Canarias.
Otro de los testigos, Juan Luis Valterra, subdirector de planificación y evaluación, ha explicado que hasta la fecha la acogida material de los migrantes no acompañados se gestionaba a través de las comunidades autónomas. Sin embargo, ha reconocido que nunca antes se había vivido un escenario como el actual.
Tras escuchar las alegaciones del Gobierno central y de Canarias, el tribunal tendrá que acordar el siguiente paso en el procedimiento que abrió a raíz del recurso que presentó el Gobierno canario el pasado enero.
