El juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta macroestafa del Madeira Invest Club (MIC) ha acordado paralizar la inspección fiscal de su supuesto cabecilla, el empresario Álvaro Romillo 'Cryptospain', el hombre que habría entregado 100.000 euros en metálico al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para financiar su campaña electoral.
En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado pide a la Agencia Tributaria "el urgente nombramiento de los auxilios necesarios para que se determine la posible existencia de cuotas tributarias defraudadas por parte de los hasta ahora investigados en esta causa en relación con los períodos impositivos, conceptos y contribuyentes".
El instructor comunica su decisión a la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid e indica que "se abre la vía para determinar" si existen "conductas que pudieran llegar a constituir delito contra la Hacienda Pública, para el caso de que no se llegara acreditar la existencia del delito de estafa".
Fue el pasado mes de mayo cuando el inspector regional de Madrid de la Agencia Tributaria solicitó "ordenar la paralización de los procedimientos inspectores en virtud de la posible relación de los hechos que están siendo objeto de comprobaciones administrativas con actuaciones judiciales en el ámbito penal".
Es decir, que se interrumpiera la investigación tributaria en tanto que la propia Audiencia Nacional ya se encontraba indagando en la presunta defraudación que se achaca a 'Cryptospain' y a parte de su entorno familiar. La Agencia Tributaria aludía al "principio de economía procesal, puesto que la instrucción e investigación de unos mismos hechos no es lógico que la realicen varios órganos judiciales y administrativos distintos".
Además, destacaba "las mayores y más intensas facultades investigadoras en el ámbito de la instrucción penal frente a las de los procedimientos administrativos" que aconsejarían, a juicio de la Agencia Tributaria, "la investigación en sede penal de los hechos con mayor eficacia".
El escrito pedía además evitar la "existencia de duplicidades entre la investigación penal y la administrativa que, además de la posible utilización ineficiente de los recursos públicos, podría generar que las conclusiones a las que se llegarán en vía administrativa fueran distintas a las de la vía penal, con el evidente riesgo de perjudicar el buen fin de ambas investigaciones".
El fisco advirtió al instructor de que "si no se procediera a suspender las actuaciones inspectoras por prejudicialidad penal, tendrían que finalizarse las mismas en vía administrativa con los hechos acreditados en el expediente administrativo, de lo que podría derivarse un riesgo de calificaciones contradictorias en vía penal y administrativa".
El documento revelaba que la Agencia Tributaria había iniciado actuaciones respecto de "varias sociedades" controladas por Romillo "a través de las cuales ejercía la actividad y varias personas de su entorno familiar y profesional que estarían colaborando con él". En concreto, en lo relativo al Impuesto de Sociedades, al IVA o al IRPF.
EL ENTRAMADO DEL MIC
En diversos oficios que constan en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, los investigadores sitúan a la cabeza de la presunta estafa piramidal a 'Cryptospain' y a Borja Lara. Romillo, a su vez, se habría rodeado de su "esfera personal" para establecer un entramado de sociedades "dentro y fuera de España". Entre los mismos se encontrarían su pareja, Mihaela Munteanu, los dos hijos de ésta, George y Alexandra, y la pareja de la última, Alberto Pérez.
Además, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la estafa también habrían participado el padre de 'Cryptospain', Domingo Romillo, su pareja, Gabriela Ileana, o la prima hermana de Álvaro, Eva Romillo. Todos ellos habrían realizado "múltiples desplazamientos a lo largo de 2024" a República Dominicana, donde la Guardia Civil ha situado hasta 13 sociedades, "no descartándose la existencia de otras".
El juez, que indaga en delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales, y falsedad de documentos mercantiles, destaca que el MIC era "el eje sobre el que los investigados organizan y ejecutan una estafa piramidal", publicitándose como "un club privado de inversiones" y prometiendo rentabilidades mínimas de un 20% anual previo pago de una cuota anual.
La Guardia Civil sostiene en uno de sus informes que el MIC habría ofertado entre sus miembros un total de, al menos, 44 obras por un valor total de 261.180.762 euros. "Del mismo modo, el MIC habría obtenido entre 5 y 7 millones de euros, a través de las 3 fases de admisión para miembros abiertas en 2023 y 2024", indica.
Sin embargo, el Madeira Invest Club colapsó "en septiembre de 2024, cesando sus operaciones y dejando de atender a sus obligaciones, imposibilitando a los inversores retirar los fondos depositados".
