La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana, ha requerido al Centro de Coordinación de Emergencias, a través de un oficio a la Guardia Civil, para que entre una copia de todos los informes de seguimiento que fueron remitidos a los miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) desde la Sala de Mando y Control de Emergencias, el día 29 de octubre, antes de las 17:00 horas, con indicación de a qué hora se envían y reciben y quiénes son sus destinatarios.
Según consta en un auto de este mismo lunes, estos informes de seguimiento constan archivados en el Sistema de Información Corporativa SIC de Emergencias, no integrado en el Coorcom, así como la copia de las distintas actualizaciones de dichos informes de seguimiento, con certificación del momento de envío y recepción por sus destinatarios.
Asimismo, reclama una copia de los correos electrónicos remitidos por el ex secretario autonómico investigado, Emilio Argüeso, a miembros del Cecopi antes de la celebración de la reunión de las 17:00 horas; que se informe de los altos cargos y técnicos de la Generalitat Valenciana que forman parte del 'Grupo Permanente' que recibieron los avisos de SMS que desde la Sala de Mando se remitieron el día 29 de octubre y copia de los SMS remitidos a ese grupo entre las 7:00 y las 24:00 horas.
Igualmente pide copia de las contestaciones remitidas en contestación a los mensajes por los integrantes del grupo y la identificación de las personas que elaboran los informes complementarios.
En la misma resolución, la jueza requiere igualmente al Centro de Coordinación de Emergencias, igualmente tramitado a través de un oficio a la Policía Judicial de la Guardia Civil, para que se remita copia de toda la documentación, manuales, informes de seguimiento, de operativa y de medidas de prevención y alerta de la emergencia por lluvias en general, y de la alerta hidrológica, en particular, que fueron generados desde el día 24 de octubre, momento en el que fue emitido el primer aviso de la Aemet alertando sobre la formación de la dana en los días siguientes, hasta el día 29 de octubre a las 24:00 horas, archivados en el Sistema de Información Corporativa SIC de Emergencias, con certificado de la fecha y hora de generación de dichos documentos.
INFORMES ADMINISTRATIVOS
La jueza señala que todos estos elementos que se solicitan "parten en primer lugar de los informes de seguimiento, que no son sino documentos de carácter administrativo que fueron remitidos en el ámbito de la gestión de la emergencia". Por tanto, se convierten "no en comunicaciones privadas entre particulares, sino en informes administrativos con destino a cargos públicos integrantes de una reunión, que ejercía funciones de carácter legal y administrativo, al amparo de la normativa estatutaria y legal en la gestión de la emergencia y protección civil".
Según la magistrada, en consuencia, no es de aplicación la normativa relativa al secreto de las comunicaciones telefónicas, derecho fundamental que está garantizado en el artículo 18.3 de la Constitución Española, y añade además que el investigado Argüeso ha manifestado su conformidad con su incorporación.
Por tanto, entiende que no se encuentran "amparados por el secreto de las comunicaciones, ni por su objeto ni por su destinatario ( no se trata de injerencias en la vida privada)", por lo que procede la íntegra aceptación, como prueba, de esas comunicaciones oficiales que se produjeron en el ámbito del Cecopi, "obteniendo los informes, copias de correos electrónicos, la identificación de los altos cargos y técnicos de la Generalitat Valenciana que formaron parte del grupo permanente, y la copias de los SMS remitidos".
NUEVOS AUTOS
En otros tres autos, la jueza desestima recursos de reforma interpuestos contra resoluciones previas que denegaban diferentes diligencias de investigación, así como, en un caso, la investigación de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la elevación de una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para investigar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Igualmente rechaza llamar a declarar a la periodista con la que comió el jefe del Consell el día de la riada.
Un sexto auto notificado también este lunes deniega la pretensión de una acusación particular de recibir declaración como testigo al que fuera secretario de Estado de Seguridad en el momento en que se produjo la dana.
Sobre esta cuestión, indica que el escrito "no es sino la atribución de la responsabilidad en los hechos a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al Ministerio del Interior, por medio de la Secretaría de Seguridad Nacional", lo que se aparta "radicalmente de lo que es objeto de la investigación, y como se ha expresado anteriormente, solo podría entenderse dicha testifical si se estimara que el testigo disponía de una información de la que se carecía en el Cecopi, una suerte de información clasificada manejada por el Gobierno de la Nación".
