El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha celebrado este jueves el Consejo Territorial de Derechos Sociales, órgano que reúne a este ministerio y a las consejerías autonómicas con competencias en la materia, donde ha propuesto el reparto territorial de más 783 millones de euros --783.197.420 euros-- correspondientes al llamado "nivel acordado de protección", que establece parte de la financiación estatal del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). De esta cantidad, Andalucía recibirá 147,8 millones de euros.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, esta cantidad superior a los 783 millones de euros es, "por tercer año consecutivo, la más alta que ha tenido este nivel de protección en su historia y será transferida a los gobiernos autonómicos a través de los convenios firmados entre Derechos Sociales y cada uno de ellos". Con esta partida se complementará la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio.
La financiación en este nivel acordado se mantiene desde el año 2023, cuando se aprobaron los últimos Presupuestos Generales del Estado, y "consolida la inversión que el Gobierno de España ha hecho en los últimos años para reforzar la Dependencia después de que este nivel de protección fuera suprimido en la pasada década (año 2012) dentro de un recorte presupuestario que redujo en 5.000 millones de euros la financiación estatal del SAAD", han recordado desde la Delegación del Gobierno.
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que "la eliminación del nivel acordado se realizó siendo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en base a lo que se denominó medidas de racionalización del sistema de dependencia, establecidas en el RD 20/2012 de 13 de julio, y que supusieron el mayor recorte en la asistencia y atención a personas dependientes, que afectó también a las cuidadoras no profesionales, desde la puesta en marcha de esta ley".
Asimismo, ha detallado que las medidas para revertir aquellos recortes se han sucedido desde 2018, llegando en 2024 a alcanzar la financiación del Gobierno de España a Andalucía a un nivel récord de 738 millones de euros, 508 millones más que en 2017. A esta cantidad hay que sumarles otros 309 millones de euros adicionales de los fondos europeos transferidos a la comunidad andaluza para mejorar la atención en residencias y fomentar la teleasistencia.
Fue 2021, cuando el Gobierno de España recuperó este nivel de financiación aportando una cantidad de 283 millones de euros. Desde entonces, "la inversión estatal en el nivel acordado inició una senda de crecimiento, que lo ha llevado a casi triplicar en la actualidad los fondos destinados a esta partida", han reconocido.
El reparto de la inversión del nivel acordado entre los gobiernos autonómicos se realiza siguiendo los criterios técnicos y demográficos que fueron fijados en el Plan de Choque para el impulso del SAAD y que aprobaron los propios gobiernos autonómicos en un Consejo Territorial celebrado el 15 de enero de 2021.
En este acuerdo se fijaron indicadores que medían los esfuerzos realizados por cada ejecutivo regional para mejorar la calidad de los servicios de la Dependencia, siendo las diferencias en este desempeño las que determinan que cada gobierno autonómico reciba una cantidad diferente cada año.
Estos criterios se agrupan en cuatro fondos diferenciados, el fondo de estructura con 145,8 millones de euros, donde se observa la evolución de la población potencialmente dependiente, el coste de los servicios, la superficie territorial, la dispersión poblacional y la insularidad. El Fondo de gestión con 175 millones de euros, en el que se mide la gestión de cada gobierno autonómico, siguiendo el número de personas atendidas, la agilidad administrativa o la inversión autonómica; el Fondo de cumplimiento de objetivos con 262,4 millones de euros que valora la evolución de los objetivos aprobados en 2021: la mejora en el empleo del sector, reducción de lista de espera, calidad de prestaciones y servicios...
Finalemnte, el Fondo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD con 200 millones de euros, que está condicionado a que las inversiones que realicen los gobiernos autonómicos para alcanzar los criterios de acreditación y de calidad en los centros y servicios del SAAD.
El nivel acordado es uno de los tres niveles de protección sobre los que se estructura la financiación pública del Sistema. Los otros son el nivel mínimo, que corresponde íntegramente a la Administración General del Estado y está determinado por el número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva. El nivel mínimo ascendió en 2024 a 2.628 millones de euros, 186 millones de euros más que el año anterior. Además del nivel adicional, responsabilidad de las comunidades autónomas exclusivamente.
A nivel general, la inversión del Gobierno en Dependencia se situó en 2024 en los 3.478 millones. Esta cifra supone triplicar los 1.130 millones de euros que se asignaron en 2014.
SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL 0,7%
Por otra parte, en el Consejo Territorial celebrado este jueves se ha alcanzado también un preacuerdo sobre la propuesta del Ministerio que dirige Bustinduy para distribuir entre los gobiernos autonómicos las conocidas como subvenciones del 0,7% para 2025. Estas ayudas proceden de lo recaudado por medio de la casilla que se marca para fines sociales durante la Declaración de la Renta y del reparto de este año destaca, por un lado, que la cantidad que corresponde a las Comunidades Autónomas ha superado los 375 millones de euros y, por otro lado, que la cuantía procedente del impuesto que pagan las empresas ha aumentado casi un 50%.
Las subvenciones del 0,7% se destinan a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y otras situaciones de especial vulnerabilidad, y suponen una vía esencial para financiar los programas que ponen en marcha estas organizaciones.
Se tratan de entidades del Tercer Sector de Acción Social, con experiencia acreditada y que tienen una incidencia especial en los ámbitos territoriales más cercanos.
La distribución de esta financiación se lleva a cabo entre las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía siguiendo los criterios de reparto que se aprobaron en el Consejo Territorial, valorando aspectos como la implantación territorial que tengan las organizaciones a las que se conceden los fondos, así como su estructura y su capacidad de gestión. alcanzado este preacuerdo entre el Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos, ahora se elevará al Consejo de Ministros para su autorización. Superado este trámite, volverá después al Consejo Territorial para ser ratificado definitivamente
