Los chiringuitos de Punta Umbría no han podido empezar la temporada alta de verano con peor pie. Un auto judicial demoledor ha motivado la clausura de Casa Diego, en La Canaleta, pero también ha puesto en el punto de mira al resto de establecimientos a pie de playa, con un Ayuntamiento cuestionado y unos vecinos, los de los bloques de viviendas de La Canaleta, también señalados por haber impulsado una denuncia que ha motivado ese auto judicial, dictado por el Juzgado de Instrucción 4 de Huelva el pasado mes de junio.
El ruido ha sido el detonante de todo, esa difícil ecuación para mantener el equilibrio entre los negocios y el descanso vecinal y que, en esta ocasión, no se ha logrado resolver satisfactoriamente.
El auto recorre los pasos dados por las comunidades de propietarios de La Canaleta, desde 2019 hasta la actualidad, en su lucha contra el ruido generado por el chiringuito Casa Diego, primero con denuncias ante la Policía Local y finalmente en un juzgado.
Y pese a que la instrucción está en sus inicios, el juez afirma que “de lo poco instruido hasta el momento” se desprenden indicios “tanto de un posible delito contra el medio ambiente por ruido del que sería responsable el titular y responsable de la explotación del chiringuito”, como de un delito de “prevaricación administrativa”, en este caso “atribuible a esos alcaldes - la exalcaldesa y el actual primer edil- que han dictado diversas resoluciones que de manera grosera, evidente y clara obvian la legalidad vigente en aras de un supuesto interés general y público que ellos se reservan la potestad exclusiva de apreciar”.
Un auto demoledor en el que se asegura que “todas las autoridades locales de Punta Umbría, Policía Local, Ayuntamiento y alcaldes” tenían “fehaciente constancia” de que el chiringuito carecía de concesión y de licencia y que, “sin embargo, han permitido durante años que se desarrolle una actividad prohibida, molesta e insalubre en terreno de público, causando ruidos y molestias que perjudican a vecinos que, viviendo al lado de ese negocio ilegal, ven perturbado su derecho al descanso ante una pasividad de la Administración local que solo puede calificarse de grosera”.
El juez resalta que “nos encontramos ante una actividad diaria del chiringuito en los meses de verano amparada por una completa inacción de la Administración local” que, además, “ocupa la Zona de Dominio Marítimo Terrestre, que no tiene licencia de apertura, y que si la tuviera sería para restaurante y no para discoteca”.
Pero el auto no solo cuestiona la legalidad de Casa Diego, sino que pone en el punto de mira al resto de chiringuitos del municipio, al hacer referencia a una providencia de Alcaldía, con fecha de septiembre de 2019, en la que la entonces alcaldesa señala que el Ayuntamiento “desde hace años viene intentando regularizar las instalaciones de Hostelería de Playa (chiringuitos) al objeto de solventar la situación existente y conciliar el interés general y público con la legalidad y los intereses de terceros afectados”, lo que, a juicio del juez, indica que “se evidencia un proceder maniqueo que tiende a obviar la legalidad en aras de un supuesto interés general y público según la caprichosa interpretación de quien dicta la resolución”.
A ello, se añade que un informe del arquitecto municipal, firmado en febrero de 2021, destacada que “la situación actual de los chiringuitos resulta a todas luces caótica y de compleja resolución, pero lo que es indudable es que los chiringuitos existentes (a excepción del número 1) carecen de cualquier cobertura legal y se encuentran en funcionamiento sin la preceptiva licencia de apertura”.
El juez entiende que tanto el actual alcalde, José Carlos Hernández Cansino (Unidos por Punta Umbría), como la exalcaldesa Aurora Águedo (PSOE), podrían haber cometido un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por “permitir durante años” el funcionamiento de un chiringuito que “carece de concesión para el uso del Dominio público marítimo terrestre” y que, “por lo tanto, carece de licencia de apertura”. Por ello, los ha citado a declarar, en calidad de investigados, el 8 de octubre.
Asimismo, atribuye al propietario de Casa Diego un presunto delito contra el medio ambiente, por lo que también tendrá que declarar como investigado el 7 de octubre. Este mismo mes, el día 29, lo harán los vecinos en calidad de testigos.
La primera consecuencia directa de este auto ha sido la clausura de Casa Diego por parte del Ayuntamiento de Punta Umbría. Además, durante el pasado fin de semana, la autoridad municipal ha estado muy pendiente del ruido y en algunos chiringuitos se requisaron los equipos de sonido y se suspendieron conciertos en plena actuación.
Por su parte, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha dado un paso al frente este lunes y ha salido en defensa del sector de los chiringuitos. Así, ha afirmado en un comunicado que, aunque muestra su “máximo respeto” a esos procedimientos en curso, sí considera “imprescindible alzar la voz” para “evitar que un problema puntual arrastre injustamente la imagen de toda una actividad que es esencial para la economía y el desarrollo turístico de la provincia”.
Desde la FOE exigen “sin ambages” la “necesidad de respetar la legalidad”, si bien reclaman “responsabilidad y equilibrio” para “no estigmatizar de forma indiscriminada a un colectivo de empresarios que ha demostrado sobradamente su compromiso con el desarrollo sostenible, el empleo y la buena convivencia”.
