Fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía han matizado este lunes los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló recientemente una sanción de más de 115.000 euros por parcelación ilegal en suelo rústico en la pedanía de El Palmar, en Vejer de la Frontera.
Desde la Consejería se aclara que esta sentencia “no afecta ni a las órdenes de demolición ni a los precintos” que está llevando a cabo la Junta para garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística. Tampoco cuestiona las sanciones económicas posteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), en vigor desde diciembre de 2021.
“La sentencia es consecuencia de las lagunas y carencias que presentaba la legislación anterior, la LOUA, cuyo artículo relativo a las competencias autonómicas fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2015”, señalan desde Fomento. La Consejería añade que con la LISTA y su reglamento de desarrollo se han subsanado estos vacíos legales, y que desde su entrada en vigor, los tribunales han confirmado la competencia de la Junta para sancionar en múltiples resoluciones judiciales.
De hecho, según los datos de la propia Consejería, durante el año 2025, el 90% de las sentencias dictadas por los tribunales andaluces han avalado las actuaciones de la Inspección Urbanística Autonómica, incluyendo multas, precintos y órdenes de demolición.
Esta aclaración se produce tras la repercusión generada por la sentencia del pasado 17 de julio, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla, que anuló íntegramente una sanción impuesta por la Junta de Andalucía a un vecino de El Palmar por supuesta parcelación ilegal, al considerar que el Gobierno autonómico no tenía legitimidad para actuar por subrogación en materia de disciplina urbanística.
Dicho fallo, no obstante, "se refiere a expedientes anteriores a la LISTA, cuando aún estaba en vigor la LOUA, y no compromete", según la Junta, "el actual marco normativo ni la eficacia de las medidas que se están aplicando para frenar la urbanización ilegal en suelo rústico".
