El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha acogido en la mañana de este miércoles una reunión entre representantes legales de Francesco Arcuri y de Juana Rivas, que, con la Fiscalía, han sido convocados por la jueza para determinar las condiciones para la entrega el viernes del hijo menor de edad de ambos para que pueda viajar a Italia con el padre, que tiene la custodia, en un lugar que preserve su intimidad.
Fuentes del caso consultadas por Europa Press han apuntado que se ha abordado con representantes jurídicos de las partes y el ministerio público la ejecución de la resolución de los tribunales italianos según la cual el padre sigue teniendo la custodia, en términos de privacidad y sin que se repitan los condicionantes que pudieron llevar a que este pasado martes la entrega no se llegara a producir.
En el sitio y hora que disponga la autoridad judicial, y en los términos que esta determine, el padre y la madre, como responsables del niño, serán citados para que la entrega se pueda llevar a cabo, han añadido estas mismas fuentes. El día dispuesto en la providencia que emitía la juez este pasado martes aplazándola es este próximo viernes, todo ello "a fin de propiciar el cumplimiento activo de la resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones de Cagliari (Italia)".
El niño pasó unas dos horas y media en el punto de encuentro familiar acompañado de su hermano mayor de edad, ya residente en España, tras la marcha de su madre, que necesitó una ambulancia por una crisis de ansiedad. Con ella llegó ante una gran expectación mediática a las puertas de las oficinas de este recurso de la Junta en el centro de Granada, donde estuvo atendido en todo momento, como marca el protocolo, por psicólogos especializados.
Arcuri, que acudió al punto de encuentro sobre las 9.00 horas y allí permaneció hasta que sobre las 14.30 horas salió sin el niño acompañado por miembros de su equipo jurídico, está investigado por la autoridad judicial en Italia por supuestos malos tratos en el ámbito familiar tras varias denuncias de Rivas y para el caso hay convocada en el país alpino una vista el 18 de septiembre.
El menor estuvo en las dependencias del punto de encuentro desde alrededor de las 11.00 horas, cuando finalizaba el periodo de tiempo dado por la autoridad judicial inicialmente para la entrega, el cual empezaba a las 10.00 horas, y hasta pasadas las 14.30 horas, junto con su hermano mayor de edad y residente en España. Ha sido asistido por psicólogos, como marca el protocolo para estos casos.
El niño, a las puertas del punto de encuentro familiar, donde con los medios también había miembros de la plataforma de apoyo a Juana Rivas, antes de entrar sobre las 11.00 horas, dijo entre lágrimas tener miedo de volver con su padre porque temía que le pueda "matar". En ese momento, el Tribunal Constitucional (TC) ya había inadmitido a trámite el recurso de amparo presentado por la madre de Maracena contra la orden de entrega de manera urgente este pasado lunes después de que la Audiencia Provincial de Granada denegara la medida cautelar.
El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara "el terror" de regresar a su lado, según informaron fuentes del caso en su día.
La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre.
En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.
Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
