Muy bien. ¿A gusto de quién? ¿reforzaron la estructura? ¿Ajustado a qué necesidades? -Es que mi casa ahora está mucho mejor. Ah. ¿Ha ganado en superficie? Está mejor al gusto o a la necesidad de quien la ha reformado. Entonces. Pero exigen que su reforma la pague el comprador y las inmobiliarias, siempre de parte del vendedor, apoyan esa pretensión, que hace al comprador responsable de una reforma no hecha ni buscada y a continuación otra, si lo quiere adaptar a necesidad. Las oficinas inmobiliarias ofrecen a los vendedores un “servicio” de valoración del inmueble: un servicio basado en hallar la media aproximada de lo que se está cobrando en la zona, para aconsejarle un poco más de esa media. Eso no es “Ley de la oferta y la demanda”, porque demanda hay, pero la oferta en exclusiva especulativa impide toda negociación, sólo elevación continua de precios. Esto es, por tanto simple y pura especulación, porque elevar precios de forma artificial es precisamente lo que hacen propietarios, inmobiliarias y tasadores.
Cuando el abuso es la norma, la operación está en manos del gobierno. Pero aprovechando la situación de minoría del actual, la derecha -PP, Vox y Junts- consiguen con sus votos derribar toda cuanto pudiera permitir acceso a la vivienda. Sin embargo, ya se está imponiendo en muchos lugares, entre ellos ciudades como Berlín y Nueva York. Es de esperar que fondos buitre, bancos, propietarios e inmobiliarias no se atrevan a acusar de comunistas a sus regidores. En 1985 un alquiler no llegaba al 15% del salario medio. Hoy hacen falta dos sueldos para atreverse a comprar o alquilar. El alquiler era una ayuda, hoy es el negocio más rentable. Excusarlo con “la situación del mercado” es una broma macabra, una mofa cruel a la necesidad. Los “constitucionalistas” (del 155) lo han convertido en un negocio especulativo, como todos los grandes negocios, a costa del más débil. Un problema de Estado, y frente a los Feijóo, Garamendi, Puigdemont y otros falsos idealistas, su solución recae en el Estado. En este caso sus representantes y administradores: El Parlamento y el Gobierno, dónde es impedido por el voto de tres grupos.
