El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cádiz por un importe de 22.868.820 euros (IVA incluido), concretamente para las dos carreteras de acceso a la capital gaditana por los puentes de la Constitución y Carranza. El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según ha explicado el Ministerio en una nota, la duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Además, incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
Asimismo, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
El contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 12,5 kilómetros de carreteras del sector número 03 de la provincia, de los que unos 9 kilómetros son autovía. Las carreteras incluidas son la CA-35, en 7 km que incluyen el Puente de la Constitución de 1812, y la CA-36, en 5,5 km que incluyen el Puente Carranza.
Asimismo, según ha explicado el Ministerio, junto a las carreteras relacionadas es objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme en la carretera CA-35, entre los km 0 y 1,900, ambas calzadas, en el Puente de la Constitución de 1812.
El Ministerio ha señalado que dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
En este sentido, ha recordado que ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos. Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado.
