Belén Cerdán, la hermana del que fuera el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha reconocido que trabajó en Servinabar, empresa que habría recibido una serie de adjudicaciones de obra pública que están siendo investigadas en el 'caso Koldo', después de que la Hacienda de Navarra haya revelado que cobró 22.200,84 euros de la misma.
Fuentes del entorno de la defensa de Cerdán han explicado que Belén Cerdán trabajó del 1 de enero al 30 de junio de 2020 en Servinabar como administrativa cobrando por meses 2000 euros netos. A continuación habría pasado a trabajar en la asesoría responsable de las cuentas de Servinabar por el mismo dinero y con las mismas funciones.
Las fuentes añaden que Belén Cerdán estaba por cuenta por cuenta propia los meses que estuvo trabajando para Servinabar directamente y después recuperó la condición de trabajadora por cuenta ajena.
El cobro de los 22.200,84 euros se desprende de la documentación de la Hacienda Foral de Navarra, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, que ya está en disposición del magistrado Leopoldo Puente. El instructor solicitó, en concreto, la información tributaria de Santos Cerdán, de Servinabar 2000 y de Joseba Antxón Alonso, administrador de la misma y vinculado con el exsocialista.
Es en la declaración anual de operaciones con terceras personas donde figura que la hermana de Santos, María Belén, percibió un total de 22.200,84 de esta empresa.
EI PSN señaló este martes que Belén Cerdán solicitó su baja como afiliada del partido tras el ingreso en prisión preventiva de su hermano en base a los estatutos del partido. "Belén Cerdán, conocedora de esta norma, manifestó su voluntad de no seguir representando las siglas del PSN en Ayuntamiento de Milagro", afirmó el PSN.
En concreto, y según lo revelado por el propio Alonso en su declaración como investigado del pasado 7 de julio, ambos llegaron a compartir piso en Madrid. En uno de los audios que constan en el sumario de la causa se puede escuchar como el exasesor ministerial Koldo García se quejaba de que Alonso y Cerdán estaban en Madrid "de fiesta en fiesta gastándose la pasta".
Cabe destacar que la Guardia Civil localizó en un registro un contrato privado de compraventa hallado donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de Servinabar, la empresa que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.
En su declaración en el Supremo, Alonso desligó a Cerdán de ese contrato, asegurando que el mismo fue una suerte de borrador que se elaboró en 2015, cuando Cerdán se planteó dejar la política por los malos resultados cosechados por el PSOE en Navarra. Ambos realizaron ese documento estableciendo las que serían las condiciones, pero ese papel nunca llegó a tener validez porque el socialista decidió continuar en política, según sostuvo.
La Fiscalía Anticorrupción señala a la empresa como "una sociedad creada 'ad hoc' para lucrarse" con la obra de Mina Muga y "otras venideras" en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona "sin que conste ninguna contribución precisa a ellas".
LA UNIÓN TEMPORAL CON ACCIONA
Entre la documentación remitida al instructor de la causa se encuentra el índice de actividad notarial de Servinabar, en el que se detalla que Alonso actuó como representante único de la empresa en las operaciones de constitución de la Unión Temporal de Empresas (UTE) en los proyectos que realizaron con Acciona y de los que resultaron adjudicatarios.
Entre ellos figuran las obras de adecuación del Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra, la obra de los túneles de Belate y la construcción de viviendas de protección oficial en Egües, en Navarra.
En su declaración en el Supremo, Alonso defendió que decidió acudir en UTE a petición de la propia Acciona, y que esa fórmula --la de combinar una compañía grande con una local-- es muy utilizada. El empresario defendió la legalidad de las citadas obras, asegurando que todas ellas han sido auditadas.
En ese mismo índice de actividad de la compañía también aparece como interviniente o como apoderado el que fuera delegado de Acciona en Navarra Fernando Merino, que declaró precisamente el mismo día que Alonso en el Supremo, donde negó haber pagado mordidas por obra pública.
Merino explicó que el 'modus operandi' era aliarse con empresas locales porque de otra manera era difícil, para compañías de corte nacional, conseguir obras en País Vasco y Navarra. "Era condición necesaria", llegó a afirmar.
