El Ayuntamiento paga las nóminas de Giralda TV

El Ayuntamiento de Sevilla ha logrado acometer el pago de las nóminas del mes de agosto de los diez empleados contratados por la televisión municipal de la ciudad, Giralda Televisión, a pesar de que recientemente el presidente del consejo de administración del ente, el concejal popular Gregorio Serrano, diera cuenta del "calamitoso" estado económico de la emisora, cuyo presupuesto para 2011 está agotado desde el pasado 30 de junio.

Así, según se ha explicado a Europa Press desde el Consistorio, las nóminas pudieron pagarse este martes gracias a una transferencia por ingresos publicitarios de 25.000 euros proveniente de empresas que debían dinero a la corporación municipal, lograda tras diversas gestiones de la dirección de Giralda TV y el gobierno local.

Ello supone solucionar uno de los problemas más inmediatos de la televisión municipal, que no obstante debe seguir haciendo frente ahora a sus problemas económicos, con una deuda de unos once millones de euros. Para ello, el consejo de administración ha aprobado la solicitud de preconcurso de acreedores para la emisora, en una reunión en la que se presentaron extractos de cuentas bancarias donde se refleja que lo único que había en esas cuentas eran 600 y 7.100 euros.

Este preconcurso ampliaría en cuatro meses el plazo de la televisión municipal para llegar a un acuerdo con, al menos, el 51 por ciento de las empresas a las que debe dinero, en su mayoría productoras. De no llegarse a un acuerdo, el Consistorio perdería el control sobre Giralda TV, las posibilidades de cobro de las empresas acreedoras sería "muy relativa" y "se pondrían en vilo más de 120 puestos de trabajo relacionados directa o indirectamente con la televisión municipal", según ya anunció Serrano.

El alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), ya ha señalado que intentará salvar la empresa mediante un plan de austeridad, disminuyendo su presupuesto de cinco a 2,9 millones de euros. La nueva directiva también ha anunciado que iniciará actuaciones encaminadas a la averiguación y depuración de responsabilidades sociales de los anteriores administradores y que, en su caso, tomará acciones judiciales por daños causados al patrimonio y a los intereses de la sociedad.