Esta organización ha sido constituido a instancias de tres federaciones de empresarios del sector (Faitel, Papie y Fraef), que reclaman a la Junta de Andalucía la adopción de medidas urgentes que pongan freno a la proliferación de trabajadores ilegales.
De hecho, estas organizaciones advierten de la posibilidad de que hasta 22.000 empresas andaluzas del sector se pasen a la economía sumergida antes del verano si la Administración autonómica no adopta “medidas urgentes y contundentes”.
De este modo, las empresas legalmente constituidas podrán competir “en igualdad de condiciones” con quienes realizan este tipo de actividades de manera fraudulenta. De hecho, la plataforma lamenta que la administración destine sus “escasos e ineficaces” recursos de control contra las empresas legalmente constituidas y no contra quienes ejercen al margen de la legislación laboral.
Las organizaciones empresariales califican de “insostenible” la situación actual, que se ha agravado en estos últimos años como consecuencia del incremento del desempleo en el sector vinculado a la construcción, lo que ha llevado a muchas personas a tratar de ganarse la vida por su cuenta.
En el conjunto de la provincia de Cádiz, el impacto de la economía sumergida se ha traducido en el cierre de 151 empresas instaladoras, destruyéndose un total de 3.678 puestos de trabajo.
Una amplia gama de servicios
Las empresas agrupadas en esta plataforma trabajan en el campo de la electricidad, las telecomunicaciones, la fontanería, la instalación de gas, climatización y calefacción, entre otras áreas.
