El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha propuesto este lunes la creación de una ley de segunda oportunidad, para ofrecer a los deudores "pagar sus deudas de forma ordenada y en plazos razonables", así como la puesta en marcha de un fondo especial de solidarida social "destinado a dotar de un mínimo de financiación a los recursos públicos y privados, dirigida a la atención de los colectivos sociales más perjudicados por la crisis económica", dos propuestas que ha realizado en el transcurso de la presentación en el Parlamento del Informe Anual 2012, del que se desprende que el número de quejas presentadas en la Oficina el pasado año asciende a 7.239, lo que supone un "significativo aumento" respecto a 2011, cuando se presentaron 6.303 quejas, una subida "motivada por la crisis económica".
Así, y en rueda de prensa, el Defensor ha señalado que una de las "principales" característica de 2012 es que "no solo ha conseguido agravar el tema del empleo, la vivienda y la inclusión social, sino que además se ha manifestado en toda su crudeza en relación al resto de derechos sociales", porque derechos sociales que "antes parecían quedar al margen han quedado cuestionados por problemas financieros". De este modo, prosigue, aunque derechos como la educación y la salud "están en esencia salvaguardados, las consecuencias derivadas de la austeridad y recortes del gasto público ponen de manifiesto que ya no quedan espacios exentos de reducciones, por eso nos da miedo que puedan tocarse estos dos pilares básicos de la igualdad social".
En este sentido, Chamizo alerta de que en la sociedad "hay unos índices de desempleo nunca vistos, un sociedad empobrecida y una clase media que empieza a estar agotada soportando el peso de la crisis", por lo tanto, "hay una población más crispada, más rebelde y más dispuesta a manifestar su disconformidad y su protestas por las consecuencias de las decisiones dentro de las políticas de ajuste". Ante esta situación, el Defensor insta "a escuchar las voces de la sociedad", que, a su juicio, está pidiendo cambios radicales en legislación hipotecaria frente a los desahucios", porque "si no es así, evidentemente, llegaremos a una rebelión social".
