El PSOE de Cartaya ha pedido al alcalde de la localidad, Juan Polo (ICAR), que “deje de mentir” a los ciudadanos sobre el precio de ‘La Barranca’, “que es de 400.000 euros, según consta en la valoración hecha por la Comisión Provincial de Valoración de la Junta y no de 3,5 millones como dijo el portavoz del equipo de gobierno, Gabriel Maestre, en el pleno del mes de abril, ni de 1,7 millones como posteriormente dijo en nota de prensa el equipo de Gobierno”.
Por ello, el portavoz socialista, Alexis Landero ha acusado en un comunicado al equipo de Gobierno (ICAR, PP y PA) de “plegarse a los intereses privados en vez de luchar por que los vecinos y visitantes puedan seguir disfrutando de esta zona que es seña de identidad de todos los rompieros y no permita que se construya en ‘La Barranca’ edificios de hasta cuatro metros de altura acabando así con un lugar emblemático en El Rompido”. Por ello, ha pedido que no se den cifras inasumibles y ha insistido en que el Ayuntamiento debe ser el propietario.
El portavoz socialista ha señalado, en este sentido, que el alcalde “no quiere dialogar con el propietario y, por tanto, no trabaja para que los ciudadanos podamos seguir disfrutando de este espacio”
Es más, los socialistas han reprochado que el propio Ayuntamiento, teniendo esta valoración de la Junta, que es muy inferior a la que pide el propio Consistorio, “no llegue a un consenso para que los rompieros no pierdan este terreno y siga siendo una zona de libre uso y dominio público y no que se haga de uso lucrativo y de servicios turísticos de carácter privado, permitiendo la construcción de edificios”.
“No podemos tolerar que la dejadez del alcalde y del PP acabe también con esta zona emblemática de El Rompido, que se suma a otras decisiones que están acabando con todos los servicios que se prestaban en este núcleo de población atentando contra el turismo de la zona”.
Landero ha manifestado, por último, el apoyo que están recibiendo de los vecinos, en la campaña de recogida de firmas que bajo el nombre ‘Salvemos la Barranca, tiene por objeto que el equipo de Gobierno “no permita construcciones de esa zona”.
