El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), afirma tener "la conciencia muy tranquila" respecto a la operación urbanística por la que ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación, ya que, según ha dicho, está respaldada por informes técnicos de los funcionarios municipales que "avalan" su legalidad.
"Yo estoy muy tranquilo porque estoy convencido de que todo lo que he hecho ha sido defendiendo los intereses de Granada", ha señalado a preguntas de los periodistas el regidor, quien afirma estar "deseando" que se materialice la citación judicial prevista para el próximo 22 de julio ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada para trasladarle toda la información relativa a este asunto y que todo quede "en una noticia".
Respecto a la operación urbanística, a través de la cual el Ayuntamiento se cobró supuestamente una deuda de unos ocho millones de euros derivada del desarrollo urbanístico de unos terrenos con varias parcelas valoradas en un millón de euros menos, el regidor ha defendido que tomó esa decisión porque el cobro del dinero "lo tenía perdido el Ayuntamiento".
Según ha precisado, aunque se había iniciado el procedimiento para embargar a las empresas que habían realizado el desarrollo de estos terrenos, había otras ejecuciones de embargo por delante de una serie de bancos e instituciones y, por tanto, "con esta operación lo que se hizo fue asegurar el dinero".
Así, ha relatado que en el acuerdo firmado por el que el Ayuntamiento se hacía con el 14,5 por ciento de una parcela de uso comercial o terciario para saldar la deuda, estaba especificado que si en la posterior venta el Ayuntamiento obtenía más dinero se lo quedaría y si era menos, los otros dos socios del suelo le pagarían la cantidad restante.
Por ello, se ha mostrado "satisfecho" con esta operación y ha restado importancia a la denuncia del PSOE porque "es la séptima u octava" que, según ha dicho, le han presentado en este tiempo. "Me da pena que se recurra a términos judiciales cuando son cosas que se tienen que debatir en un salón de plenos", ha señalado.
El regidor ha descartado que esta situación pueda conllevarle alguna "repercusión política o institucional" y ha subrayado que la palabra "imputado" tampoco tiene repercusión desde el punto de vista judicial, al tiempo que ha insistido en que él no ha recibido la citación judicial.
