El centenar de temporeros de nacionalidad búlgara, que permanecieron en junio y parte de julio acampados en una finca de Cartaya en situación de necesidad a cuenta de los problemas que han tenido con el empresario para el que trabajaban, quien les adeuda "más de 180.000 euros", han dado cuatro meses de tregua al citado empresario para que abone la deuda, por lo que si en el mes de noviembre la deuda no está saldada, lo denunciarán por estos hechos.
Según ha informado a Europa Press el secretario general de Fitag-UGT, Luciano Gómez, estos temporeros, que ya han abandonado la finca en su totalidad, a mediados de julio alcanzaron un acuerdo con el empresario por el cual la empresa asumió el importe total de la deuda y el desplazamiento de los trabajadores a su país de origen.
Gómez ha expresado que en reuniones anteriores "aunque el empresario no movía su posición, sí mostraba un diálogo positivo y su intención de buscar recursos económicos para sacar la finca adelante, valorada en tres millones de euros". Así, finalmente reconoció la deuda, las peonadas y les pagó los gastos del viaje de estos trabajadores, que cobraron desde octubre una media de 499 euros.
Según ha señalado el sindicalista, al inicio de la negociación el empresario mostraba discrepancias en torno a los cálculos de "las peonadas y el alta en la Seguridad Social de los días que habían trabajado los temporeros en cuestión, lo que suponía una disminución considerable de la deuda acordada inicialmente". Finalmente, continúa, "el empresario cedió y se ha conseguido que la empresa asuma el importe total de la deuda inicial".
Asimismo, Gómez ha recordado que la empresa ha firmado un reconocimiento de la deuda individualizada con los temporeros y ha entrado en un proceso de concurso de acreedores para "hacer frente al pago de la deuda con la venta de activos u otros procedimientos lo antes posible".
