La propuesta del alcalde de San Fernando para que el Estado admita como pago de tributos las deudas reconocidas por los ayuntamientos a las empresas y que luego el Estado desquite ese dinero de las aportaciones que reciben los ayuntamientos una vez que se haya conseguido al menos el crecimiento cero, puede parecer lógica en su enunciado, pero si no se cuenta a la hora de valorarla con los efectos o daños colaterales que tendría esa medida en el caso de que fuese admitida por el Ministerio de Economía y Hacienda. Y es que si bien a los empresarios que se encuentren dentro de las condiciones exigidas les podría venir bien, a la larga y al tratarse de un simple préstamo, quien tendría que comenzar a pagarla serían los gobiernos municipales que salgan de las elecciones de 2011. La buena fe del alcalde, pues, sólo se le supone en el caso de que esté totalmente convencido de que volverá a ganar las elecciones y no esté intentando legarle le deuda a su sucesor.
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