El Pleno Extraordinario de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), celebrado este martes en la sede de Giahsa en Aljaraque, ha aprobado los expedientes de separación y las consiguientes liquidaciones económicas que corresponden a los ayuntamientos de Cartaya, Cortegana y San Juan del Puerto, cuyo montante global rebasa los 18 millones de euros. A esta suma, que se distribuye proporcionalmente entre los 12,2 de Cartaya, los casi 3 millones de Cortegana y los cerca de 3,5 de San Juan, habría que añadir la que se aprobó en la sesión celebrada el pasado 20 de junio con respecto a Gibraleón, que asciende a 4,5 millones, y la de Valverde del Camino, que supera los 8.
Con este acuerdo plenario, según ha indicado Giahsa en un comunicado, los representantes de los municipios pertenecientes a MAS dan su respaldo a un proceso que comienza ahora y que tiende, en esencia, a reparar el daño provocado por un grupo de ayuntamientos a la empresa pública Giahsa y, por ende, a los usuarios y al resto de consistorios que siguen confiando en este proyecto provincial. Como se viene advirtiendo desde hace unos cuatro años, la privatización de los servicios públicos, se había realizado mediante incumplimientos de las normas que rigen la separación de los ayuntamientos de la Mancomunidad.
Se trata, en definitiva, de cumplir y hacer cumplir la normativa que rige el funcionamiento de la Mancomunidad y de Giahsa, y que ha sido aprobada tanto en los órganos mancomunados como en los plenos de todos los ayuntamientos. En Giahsa se entiende que ese dinero es de los ciudadanos, por lo que estos futuros ingresos, así como cualquier otro dinero extraordinario que no provenga de la propia prestación de los servicios, se incorporará a los procesos de revisión de tarifas de cada año que rigen en los 65 ayuntamientos que actualmente componen MAS.
EL PRECEDENTE DE ALJARAQUE
El proceso que a partir de ahora se inicia desde Giahsa y MAS cuenta con un precedente destacado que es el de Aljaraque, municipio que siguió a finales de 2004 los mismos pasos que Valverde, Cartaya, Cortegana San Juan y Gibraleón, y tuvo que afrontar finalmente una indemnización superior a los 1,2 millones.
Cabe recordar que tanto las leyes que regulan la administración local como los estatutos y acuerdos plenarios de MAS con sus ayuntamientos establecen que la separación unilateral de un municipio conlleva la liquidación de deudas, el abono de la parte proporcional del pasivo de la Mancomunidad y, además, el pago de los gastos que se deriven durante el proceso de la separación.
