El Ayuntamiento de Ayamonte, a través de su ente instrumental con competencia en materia de vivienda, es el primero de la provincia de Huelva que ha firmado el convenio de colaboración que le permite acogerse a la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada en julio por la Consejería de Fomento y Vivienda con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros.
En el conjunto de Andalucía, la convocatoria de la Consejería que dirige Elena Cortés cuenta ya con la adhesión de 14 municipios de Huelva, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Málaga, según ha informado la Junta en una nota.
Esta iniciativa, que tiene como objetivo facilitar el acceso de la población con ingresos limitados a viviendas gestionadas por entidades públicas, establece como requisito que las administraciones rubriquen dicho acuerdo para convertirse en agentes colaboradores y poder así solicitar y destinar estas subvenciones a las personas con necesidad habitacional.
Así, una vez obtenida la condición de entidad colaboradora, estas administraciones tienen de plazo hasta el 1 de octubre para solicitar las ayudas, orientadas a atender a familias en situación de especial vulnerabilidad con ingresos inferiores a 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) -unos 11.200 euros netos-, que tienen dificultades para el abono del arrendamiento.
Con esta subvención se garantizará que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supere el 25 por ciento de sus ingresos familiares, cumpliendo así lo establecido por la normativa andaluza en materia de vivienda.
Además de este requisito económico, los posibles receptores deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta.
Asimismo, los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda y no tener relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora del inmueble, que tampoco podrá ser su socio o partícipe.
La subvención solicitada deberá contribuir al pago de las mensualidades correspondientes al año 2014, incluso en el caso de los contratos de arrendamiento ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta convocatoria.
El nuevo programa está financiado con fondos autonómicos y se crea ante la demora del Gobierno central para firmar el convenio de colaboración que implica el desarrollo del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016, que permitiría disponer en la comunidad de fondos estatales para el fomento del alquiler.
Con independencia de otras líneas de ayudas al alquiler que se pongan en marcha a partir de la rúbrica de dicho convenio, la Consejería que dirige Elena Cortés ha desarrollado esta convocatoria con el fin de atender a las familias con limitados recursos, a quienes se garantiza el derecho humano a una vivienda digna a través del alquiler asequible.
En Andalucía, el 95 por ciento de las personas demandantes de vivienda tienen ingresos inferiores a 2,5 veces el Iprem, (unos 18.600 euros netos) y el 60 por ciento, inferiores a una vez el Iprem (no más de 7.450 euros), lo que constata las elevadas dificultades, por tanto, para el acceso al mercado libre del alquiler.
Pero además, según han indicado, este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de VPO que aún se encuentran vacías en la comunidad autónoma, ya que permite a las entidades públicas que mantienen viviendas cerradas sacarlas al mercado en alquiler social, en tanto que es la Junta de Andalucía, a través de estas ayudas, la que completaría la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar.
Igualmente, con esta medida se logra erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a sufragar esas rentas.
ENTIDADES COLABORADORAS
Las administraciones públicas, los entes instrumentales dependientes de ellas y las personas jurídicas públicas con competencias en materia de vivienda, así como las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten con declaración de utilidad pública podrán funcionar como entidades colaboradoras, siempre que tengan una bolsa de viviendas en alquiler de gestión propia destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad. Igualmente, deberán contar con los medios informáticos necesarios para la tramitación de estas ayudas a través del Registro Telemático Único de la Junta.
Serán dichas entidades colaboradoras las que informen sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes y presenten en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar a través de los medios y formularios facilitados por la Consejería de Fomento y Vivienda.
Una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades colaboradoras descontarán el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente la persona destinataria de la ayuda no supere el 25 por ciento de sus ingresos.
