La presidenta de la Junta, Susana Díaz, comparecerá este miércoles y jueves en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, en la sede del Parlamento, unos días después de cumplirse su primer año al frente del Gobierno andaluz.
El debate comenzará a las 12,00 horas del miércoles con la intervención de la presidenta de la Junta. Una vez que concluya, se suspenderá la sesión, que volverá a reanudarse por la tarde con las intervenciones de los portavoces de PP-A y de IULV-CA, a los que la presidenta podrá responder.
En la jornada del jueves, se producirá la intervención del PSOE-A y la votación de las propuestas de resolución que planteen los grupos.
Serán los portavoces parlamentarios de PSOE-A e IULV-CA, Mario Jiménez y José Antonio Castro, respectivamente, los encargados de defender en la tribuna la posición de sus formaciones, mientras que el PP-A aún no ha decidido si intervendrá el portavoz parlamentario, Carlos Rojas, o la secretaria general del partido, Dolores López, según han indicado a Europa Press fuentes populares.
Este será el segundo debate en el que Díaz intervenga para abordar la situación de Andalucía, puesto que el pasado mes de enero ya lo hizo en un debate general. No obstante, será su primer Debate sobre el Estado de la Comunidad, regulado en el Reglamento de la Cámara.
En la comunicación que el Consejo de Gobierno ha remitido al Parlamento para la celebración del Debate sobre el Estado de la Comunidad, se pone de manifiesto la obligación de todo Ejecutivo de rendir cuentas y hacer propuestas a la institución depositaria de la soberanía popular, con la consiguiente labor del Parlamento de ejercer el control e impulsar la acción política, y que, por tanto, el debate "tiene una especial significación en esta legislatura que ahora supera su ecuador en Andalucía".
El Gobierno andaluz recuerda la "intensa actividad desplegada por el Ejecutivo y por la Cámara autonómica" en estos meses y que ha provocado que esta legislatura esté siendo "la de mayor producción normativa en la historia de nuestra autonomía", con once leyes ya aprobadas y otros cinco anteproyectos de ley iniciados.
Además, destaca que "para atender con la urgencia necesaria las situaciones de extraordinaria necesidad que la crisis provoca en las familias andaluzas, se han aprobado 25 decretos ley, que fundamentalmente han ido dirigidos a la creación de empleo, la lucha contra la exclusión social y ayudas para la reactivación económica".
Según explica el Ejecutivo al Parlamento, el Debate del Estado de la Comunidad ofrece en esta ocasión "la oportunidad de profundizar en un ejercicio de calidad democrática y de exponer con claridad qué tipo de salida a la crisis se propone", ya que así lo demanda la ciudadanía "cada vez con mayor contundencia" y es "un error interpretar en clave autocomplaciente los recientes indicios de recuperación del empleo y de la actividad económica en Andalucía".
Por eso, el Gobierno andaluz asegura que "está comprometido con dar una salida social y no exclusivamente economicista" a esta crisis, redefiniendo el modelo productivo para que genere "más y mejor empleo y preservando el Estado del bienestar que tanto ha costado construir y que garantiza la igualdad de oportunidades y servicios públicos de calidad".
Con ese objetivo, según la Junta, la comunidad "ha tenido que realizar un sobreesfuerzo durante estos años por la merma continuada de financiación estatal". "El Gobierno de la Nación está haciendo una aplicación incorrecta del sistema de financiación autonómica, que supone una pérdida de 1.000 millones de euros anuales. La reforma del modelo constituye una demanda insoslayable no sólo por sus efectos negativos en la comunidad sino por la grave repercusión sobre la propia configuración del Estado autonómico", ha explicado.
Con todo ello, el Gobierno andaluz cree que en "en esta legislatura, y especialmente a lo largo del último año en que el Gobierno de progreso ha asentado su programa, Andalucía ha demostrado que otra forma de hacer política es posible". "Que las dificultades no son excusa sino acicate. Si el debate es ante todo contraste, es evidente que lo hay: no en todos sitios se hace exactamente lo mismo, Andalucía marca la diferencia", concluye en su escrito al Parlamento.
