La Audiencia Nacional ha subastado siete motocicletas pertenecientes a los presuntos cabecillas de la organización mafiosa 'Ángeles del Infierno', desarticulada en julio de 2013 en Palma de Mallorca con la detención de 24 de sus miembros, después de tasarlas en un total de 50.152 euros.
Entre los vehículos adjudicados en la subasta, que el Juzgado Central de Instrucción número 6 celebró el pasado viernes, se encuentran cinco Harley Davidson --entre ellas una FLHCR Road King tasada en 16.930 euros--, una Yamaha Royal Star y una MV Augusta. Según fuentes jurídicas, las pujas alcanzaron los 28.600 euros.
El juez Eloy Velasco, que en julio de 2013 envió a prisión a doce de los 24 detenidos, acordó "la venta anticipada de los bienes muebles intervenidos" que fueron incautados a los cabecillas de la trama, cuyos beneficios serán destinados a cubrir las multas o indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil que podrían aplicarse en un próximo juicio oral.
Los vehículos subastados pertenecían a cinco de los líderes de la organización de moteros, formada fundamentalmente por ciudadanos alemanes y considerada por la policía como una mafia internacional. Se trata de los hermanos Abdelghani y Khalil Youssafi, Michael Fritz, Fardad Bagherzaded Hosseini y Olaf Wolfram Riepenhausen.
La subasta se celebró simultáneamente en la sede de la Audiencia Nacional y los Juzgados de Palma, así como en el portal de subastas del Ministerio de Justicia.
ROSARIO DE DELITOS
A la organización criminal, que operaba en Mallorca aunque tenía ramificaciones internacionales, se le atribuyen un rosario de delitos entre los años 2009 y 2013 que incluyen un homicidio en grado de tentativa, prostitución, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, amenazas, coacciones, secuestro o tráfico de drogas, entre otros.
La operación se saldó con el ingreso en prisión de doce personas, entre ellas el cabecilla de la organización, Frank Hanebuth. Además, el juez Velasco impuso fianzas a otros seis miembros de la red y otros diez quedaron en libertad aunque permanecían imputados.
También fueron arrestados dos policías locales, un guardia civil, un policía nacional y varios empresarios. La operación se llevó a cabo para que el grupo no llegara a asentarse en la isla, ya que, de no haber actuado, según el Ministerio del Interior, "sus tentáculos" podrían haberse "extendido demasiado".
