Un jurado popular será el encargado de enjuiciar el caso del funcionario del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) acusado de desfalcar casi 200.000 euros de las arcas municipales, según han informado a Europa Press fuentes del caso. Sobre este funcionario, de baja laboral desde que comenzase la investigación judicial, pesan acusaciones por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Según tales fuentes, el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, a través de un reciente auto, ha acordado incoar el procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado, merced a la Ley del Tribunal del Jurado, en el caso de J.M.V.L., sobre el que pesan cargos por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
En el mismo auto, el juzgado ordena que J.M.V.L. comparezca como imputado el 22 de septiembre y que la Guardia Civil formule un "ofrecimiento de acciones" a los vecinos cuyas cartas de pago habría duplicado presuntamente este funcionario, al objeto de apropiarse de las cuantías que los ciudadanos pretendían abonar al Ayuntamiento por aspectos como licencias o tasas.
EL FUNCIONARIO MÁS VETERANO
Según manifestaba a Europa Press el alcalde de Castilblanco de los Arroyos, Segundo Benítez (PSOE), este funcionario llevaba unos 20 años ligado al Ayuntamiento y trabajaba en las áreas de administración y recaudación. En concreto, era el responsable de la recaudación de los tributos y tasas municipales. Dado que se trataría del funcionario más veterano del Ayuntamiento, "era mucha la confianza" que había depositada en él.
Conforme al camino seguido por diversos expedientes comprendidos en el periodo 2000/2011, la investigación habría puesto de manifiesto que este funcionario habría eludido registrar en la contabilidad municipal el cobro de determinadas licencias abonadas "en ventanilla", apropiándose entonces del importe, o habría "duplicado las cartas de pago" de los ciudadanos con el mismo fin. Incluso habría falsificado la firma del alcalde para dar efectividad a las licencias de cuyos pagos se habría apropiado.
Fue el propio Ayuntamiento el que, tras descubrir diferentes anomalías, elevó las mismas a la Fiscalía, que de su lado promovió una denuncia contra este funcionario por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando lugar a la vigente causa judicial.
