La Junta de Gobierno da luz verde a la enajenación de acciones de Cirjesa a favor de la Junta de Andalucía

La Junta de Gobierno ha dado su visto bueno a la ejecución, por parte de la Junta de Andalucía, de la opción de compra que el Gobierno andaluz se había reservado sobre el 30 por ciento de las acciones de Cirjesa, la empresa municipal propietaria del Circuito de Jerez.
A juicio del portavoz del gobierno y primer teniente de Alcalde, Casto Sánchez, “con esta decisión, el Gobierno local cumple con uno de sus principales compromisos con esta ciudad, como era asegurar la viabilidad del Circuito, y de hacerlo además garantizando su pervivencia en manos públicas”.
De esta forma, y tras la materialización de la opción de compra por parte Soprea, articulada a través de la Agencia IDEA (dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa), los jerezanos y las jerezanas ven asegurado uno de sus principales patrimonios.
Sánchez aseguró a este respecto que “además se consolida plenamente su viabilidad siguiendo un modelo de propiedad mucho más justo que el anterior, ya que la incorporación de la Junta de Andalucía al accionariado no hace sino evidenciar una realidad indiscutible: el Circuito de Jerez, siendo un patrimonio esencial de esta ciudad y de sus habitantes, es al mismo tiempo un activo clave para la promoción y para la creación de riqueza y empleo en el conjunto de la Comunidad autónoma”.
Con el cierre de esta compleja operación, el Circuito de Velocidad tiene asegurado su futuro en manos públicas, siguiendo una estructura de su propiedad mucho más acorde a la naturaleza y potencialidad del trazado, al mismo tiempo que mucho más sostenible desde el punto de vista económico.
Por último Sánchez declaró que “este Gobierno entiende que la cristalización definitiva de esta operación supone una manifestación más de una nueva forma de entender la gestión de la vida pública, una nueva forma desconocida en nuestra ciudad hasta hace bien poco. Y esa nueva gestión responde a una decidida voluntad de diálogo, de entendimiento y de leal colaboración con el resto de las instituciones, a partir del supremo principio de la soberanía de cada uno de los agentes que intervienen en el plano público en la defensa de los intereses de los administrados a los que representan”.