Más de un tercio de los 150 asesinatos machistas ocurridos en Andalucía entre 2005 y 2015 se produjo en municipios de menos de 20.000 habitantes, según un estudio de las sentencias dictadas por esos crímenes encargado por la Consejería de Justicia, que prevé reforzar la información en el ámbito rural.
El Estudio de los casos de víctimas mortales por violencia de género en Andalucía (2005-2015), dirigido por la jurista especializada en la materia Aurora Genovés, analiza 150 crímenes machistas que reflejan un "patrón de conducta" que desmitifica la idea de que muchos de estos asesinatos se producen en el transcurso de una discusión.
De los 150 casos, 81 se han estudiado a través de las sentencias dictadas si bien otros 27 están aún en trámite y en 42 no hay dictamen judicial porque el agresor se suicidio. Los fallos analizados revelan que el 79 % de los casos fueron calificados como asesinatos y no como homicidios al concurrir "alevosía sorpresiva" ya que la agresión se produce tiempo después de un hecho detonante cuando la víctima "ha bajado la guardia".
Genovés ha explicado que en un tercio de los casos analizados, 51, la sentencia o documentación analizada constata la existencia de violencia previa, si bien la mitad había denunciado (25) y la otra mitad no. "No quiere decir que en los otros 99 casos no existiera, pero la sentencia no lo recoge", subraya.
Así, el patrón que reflejan los casos analizados apunta a que "se produce violencia previa con amenazas de muerte, denunciadas o no, y tiempo después hay un hecho que actúa como detonante pero la agresión no es inmediata sino que el agresor deja pasar un tiempo durante el cual ha normalizado la relación con la víctima y ésta ha bajado la guardia, no se ha prevenido".
El lugar del crimen, el domicilio en el 78 % de los casos, y el uso de un arma, blanca en más de la mitad (51 %), indica una premeditación en la que busca atacar a la víctima en un momento "vulnerable" cuando "la víctima está en su casa, en sus quehaceres, con la guardia baja" e incluso en muchos casos "durmiendo" (el dormitorio es el escenario del crimen en el 49 % de los casos), "sin que la mujer haya tenido ninguna posibilidad de defenderse".
Por ello, la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, ha instado a las mujeres y a su entorno a no minimizar el riesgo. "Las amenazas de muerte son la antesala, no es algo que se dice sin más, tienen que dar el paso y denunciar", ha señalado.
El 66 % de los casos la víctima convivía con el agresor (casados o en pareja), el 58 % de las mujeres tenían hijos comunes o no con el agresor (87 casos), la edad media de las asesinadas se sitúa entre los 40 y los 50 años y la mayoría eran españolas (sólo en 25 de los 150 casos estudiados la víctima era extranjera).
La condena media de los agresores en las sentencias analizadas ha sido de 16 años y 17 meses, al aplicarse en el 73 % de los fallos la agravante de parentesco si bien Genovés llamó la atención sobre la atenuante por confesión que se ha practicado en un 65 % ya que es una violencia "pública" en la que el agresor "no se esconde".
En este sentido Aguilar ha recordado que la reforma legislativa para suprimir esta atenuante en los crímenes machistas está contemplada en el Pacto de Estado contra la violencia de género y ha señalado que es una de las primeras modificaciones que debe acometerse.
El estudio también desmiente que haya más asesinatos en los meses de verano o periodo estival y que el consumo de drogas o alcohol sea frecuente en los agresores en el momento de cometer el crimen, ya que esta atenuante sólo aparece en un 4,5 % de los casos, así como el trastorno mental transitorio en un 3,8 %.
