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Viernes 22/11/2024
 
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Andalucía

Villalobos urge a reformar ya el sistema de financiación local

El presidente de la FAMP aboga por desligarlo del debate autonómico y alerta de que los entes locales no pueden ser "hermanita pobre" ni "Cenicienta" del Estado

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  • Villalobos, en el Parlamento andaluz -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos, alertó este martes de que los ayuntamientos y las diputaciones aguardan desde 1978 una definición clara de sus modelos de financiación, de ahí que “va siendo ya hora” de que sean tratadas “como administraciones mayores de edad y rigurosas con su gestión y cumplimiento del déficit”.

El también presidente de la Diputación de Sevilla colocó así en primera línea del debate político la reclamación de los entes locales aprovechando su comparecencia en el seno del grupo de trabajo creado en la Cámara para impulsar la ansiada reforma de la financiación autonómica. Su mensaje fue claro: esa actualización del sistema que rige la vía de ingresos de las comunidades, caducado desde hace dos años, es más necesaria que nunca porque “perjudica a Andalucía”, pero también sería de justicia que se clarificara la versión municipal y provincial del modelo.

Tan convencido está Villalobos de que ha llegado el momento de extender la reforma normativa hasta el escalón local que incluso aboga por desligarla de la revisión del sistema autonómico. “La financiación local tiene entidad suficiente como para abordarla de forma independiente de la autonómica”, sugirió durante su intervención. Actuar ya acabaría, a su juicio, con la condición de “Cenicienta” que la Administración ocupa ahora en “la arquitectura del Estado”.

El lastre que municipios y diputaciones arrastran se debe, entre otros déficits,a una inflexible regla de gasto que Villalobos anima a eliminar porque “asfixia” a las corporaciones locales.“El Gobierno de España sabe que hay margen para levantar las draconianas restricciones y dejarnos,al menos, gastar todos los recursos no financieros que tenemos. Pero la Ley de Estabilidad, y entre ellas la regla de gasto, nos impide invertir y crear empleos y riqueza”, advirtió. Ese mensaje, el de que hay ayuntamientos con remanente suficiente en sus cuentas corrientes para destinarlo a inversión o políticas sociales pero no pueden hacerlo por mandato del Ejecutivo central, es desoído por el Ministerio de Hacienda, que se niega aún a levantar el pie del freno en el gasto.

El presidente de la FAMP conectó en esa reclamación con su petición de definición del modelo de financiación local. Hay según su criterio una necesidad urgente de subir el telón de ese debate porque es más necesario que nunca “decidir cómo tenemos que repartir los recursos, cuántos recursos necesitamos y cuánto nos cuesta”. Ese cambio de rumbo lleva “años reclamándose desde los entes locales para después asignar las cantidades justas y necesarias para todos los servicios que ofrecemos”, añadió.

Las cifras, en contra

Las estadísticas avalan a juicio de Rodríguez Villalobos la reclamación eterna de la FAMP. Por ejemplo la de participación de los entes locales en el gasto público, un 13% que sólo superan Portugal y Grecia. También que dependan en un 51% de sus propios ingresos cuando en el resto de la UE la media cae al 36%. “La cuestión de la financiación local es un asunto tan fundamental como lo la autonómica”, reiteró, ya que los ayuntamientos se convirtieron hace décadas en “la última capilaridad de la arquitectura del Estado y, por eso, no se nos puede obviar ni tratar como la hermanita pobre”.

La ecuación no cuadra porque los ayuntamientos prestan cada vez más servicios pero sus vías de financiación no crecen, de ahí que Villalobos reclamase ayer una mayor dotación de los fondos de la Patrica y su actualización anual según el avance del IPC.

Más servicios de los que corresponden

El presidente de la FAMP recordó algo de lo que se quejan con frecuencia los alcaldes, sobre todos los de municipios pequeños: en el día a día prestan más servicios de los que están obligados por ley. Eso, unido a un incremento demográfico por encima de la  mejora de ingresos, golpea sus arcas. Los datos entre 2003 y 2007 lo confirman: de los 955 euros per cápita de media de gastos, hasta 237 se esfumaron en no obligatorios.

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