Pues sí, ya está aquí. Llevamos años oyendo que viene, y parecía que no llegaría, y está a la vuelta de la esquina. La reciente polémica de Facebook por su fuga masiva de datos personales de miles de usuarios ha parecido una señal premonitoria de lo que se nos viene encima, a todos. Y sí, digo a todos, porque este lobo (tratado hasta ahora como un cordero) nos afecta a todos, al ser de aplicación obligatoria y sus consecuencias no son precisamente pocas ni pequeñas. Esta ley obliga a todas las personas, empresas y organismos, tanto privados como públicos que dispongan de datos de carácter personal a cumplir una serie de requisitos y aplicar determinadas medidas de seguridad en función del tipo de datos que posean.
Pues las sanciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) previstas para las infracciones por acción u omisión son muy elevadas. Por ejemplo, una falta “leve” como no declarar un fichero llega a 60.000 euros (10 millones de pesetas), pero pueden alcanzar hasta los 600.000 euros en el caso de una cesión de datos sin consentimiento
La fecha que debemos grabarnos a fuego en todas las agendas es el próximo 25 de mayo, ese día comienza a ser aplicable, con todas sus consecuencias, el reglamento europeo de protección de datos de 2016. La aplicación de esta norma en cada uno de los Estados miembros requiere de un desarrollo normativo interno que, en el caso de nuestro país, está despertando no pocas dudas.
El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental de todas las personas que se traduce en la potestad de control sobre el uso que se hace de sus datos personales. Este control permite evitar que, a través del tratamiento de nuestros datos, se pueda llegar a disponer de información sobre nosotros que afecte a nuestra intimidad y demás derechos fundamentales y libertades públicas.
A grandes rasgos, las obligaciones legales fundamentales son: Dar de alta los ficheros en la Agencia Española de Protección de datos, elaborar y mantener actualizado el Documento de Seguridad y Obtener la legitimidad de los afectados.
A poco más de un mes de su definitiva entrada en vigor, todos los despachos de abogados y asesorías jurídicas andamos como locos, no solo adaptándonos a lo que se nos viene encima como profesionales del sector, sino en la obligada adaptación y aleccionamiento de nuestros clientes al riguroso cumplimiento de la nueva normativa. Nos encontramos que en muchos casos desconocen las graves consecuencias que puede conllevar no hacer caso a las advertencias que desde todas la administraciones e instituciones se viene haciendo de la adaptación necesaria, ya el lobo está a la vuelta de la esquina y su régimen sancionador asusta realmente sin que nadie pueda prever cómo de rigurosa será su aplicación inicial, pues se trata de un nuevo escenario muy real y no meramente preventivo, por lo que no habrá más advertencias de adaptación. Esta vez es totalmente cierta.
