Según ha explicado Ecologistas en Acción en una nota de prensa, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lora está tomando declaración a las personas que han sido citadas por los hechos denunciados por la Federación Provincial de Sevilla de Ecologistas en Acción, referente a la construcción de unas 150 viviendas en suelo calificados de zona verde y destinados a Vía Pecuaria en Lora del Río.
“La denuncia fue interpuesta mediante escrito elevado al Ministerio Fiscal, con fecha 12 de junio de 2003, tras la puesta en conocimiento de la Fiscalía del expediente elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, atendiendo a la queja interpuesta por la Asociación de Amigos y Usuarios de la Dehesa Matallana de Lora del Río (AMUD-Ecologistas en Acción) en 2001, donde ya se ponían de manifiesto toda una serie de actuaciones urbanísticas que se estaban desarrollando sin atenerse a la legalidad vigente, sobre terrenos ubicados en el trazado de la Vía Pecuaria "Cañada Real del Mármol" y de otra denominada "Vereda al Descansadero de Valero", en lo que presuntamente podía constituir un delito urbanístico, según la definición dada por el artículo 319 y 320, en relación con el artículo 11 del Código Penal, así como en el tipo delictivo general de prevaricación definido en el artículo 404.
Como consecuencia de la denuncia ante la Fiscalía, en 2003 se abrieron en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lora las Diligencias Previas, con el número 1437/2003. Durante los sucesivos años, el expediente quedó paralizado, hasta que a finales del 2007 se volvió a activar, no sin antes haberse solicitado nuevamente la intervención de la Fiscalía, en escritos dirigidos a ésta en 2006 y en mayo de 2008.
Durante más de 8 años desde que se denunciaron las primeras actuaciones urbanísticas, las nuevas construcciones fueron ejecutándose hasta su conclusión y entrega a los nuevos propietarios, hecho que culminó en 2007, sin que la anterior Corporación Municipal regida por Manuel de Jesús Ledro León (PP), ni la posterior, regida por Francisco Javier Reinoso (PSOE), hayan hecho nada por impedir la consumación de un hecho presuntamente punible en aplicación del Código Penal.
De todo este proceso también tuvieron conocimiento otros organismos de la Junta de Andalucía, como la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo y la Dirección General de Ordenación del Territorio, que despacharon el asunto aduciendo que la competencia en materia de urbanismo correspondía al Ayuntamiento de Lora del Río y era éste quién tenía que resolver sobre la denuncia de ilegalidad planteada por AMUD.
Con respecto a este asunto, el pasado 14 de noviembre declararon en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lora del Río el actual regidor loreño, Francisco Javier Reinoso, junto con el que fuera su antecesor, Manuel de Jesús Ledro León, así como la ex delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente, Rosario Pinto, y la actual delegada de la misma Consejería, Pilar Pérez. El pasado 21 de noviembre también declararon los representantes mercantiles de las sociedades que urbanizaron los terrenos y construyeron las viviendas. Y para el 28 de noviembre están citados para declarar los técnicos municipales que participaron en la elaboración de los informes técnicos que dieron visos de legalidad a las actuaciones, entre ellos la Secretaria de la Corporación y los Arquitectos que informaron al respecto”.
