La Audiencia Provincial de Cádiz juzgará a mediados de este mes a un varón acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por ser el presunto responsable de una patera que llegó el 13 de enero a Barbate (Cádiz) con 19 inmigrantes indocumentados, a los que previamente había cobrado un pasaje. El Ministerio Fiscal pide para él una pena de siete años de prisión.
Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar cuando el acusado, un "indocumentado, mayor de edad" al que no constan antecedentes penales, salió, "con pleno conocimiento de la ilicitud de su actuación", de un punto no precisado de la costa marroquí con destino de la costa española con una embarcación tipo patera.
Describe la embarcación, de ocho metros de eslora, como "antigua" y falta de mantenimiento. Contaba con "daños en el casco", carecía de número de serie en el motor y, además, era "totalmente inadecuada para el trayecto realizado".
A juicio de la Fiscalía, el acusado tenía "pleno conocimiento del peligro que suponía para la vida e integridad física de las personas a bordo", al carecer de todo tipo de medidas de seguridad, chalecos salvavidas o elementos que sirviesen para comunicarse con el exterior en caso necesario.
Supuestamente, en ella viajaban 18 personas de nacionalidad marroquí y otra de nacionalidad colombiana "cubiertos con una lona negra", habiendo abonado previamente un importe no precisado para realizar el trayecto. En el trayecto descrito, el acusado habría ejercido las labores de dirección, tripulando la embarcación, controlando el rumbo y al resto de personas que viajaban en la patera.
Finalmente, esta embarcación fue avistada desde un helicóptero a unas dos millas del faro de Trafalgar, en el término municipal de Barbate, entrando finalmente de forma ilegal en territorio español por la playa de Los Caños de Meca, lugar al que se desplazaron los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuantes.
Por todo lo expuesto, la Fiscalía considera que el acusado es responsable de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, reclamando para el mismo que se imponga una pena de siete años de cárcel.
