“La gloria de los hombres se ha de medir siempre por los medios de que se ha servido para obtenerla”. Francois de la Rochefoucauld.
La amnistía que aprobará el gobierno saliente y sobre la cual ha planificado una programada normalización social para que sea aceptada, con regalo previo incluido sobre una mejora de la jornada laboral con posible retribución futura extra, no representa más que otro episodio de este defectuoso, manejado y muy arbitrario Estado de Derecho en el que los tres poderes funcionan por intereses políticos y, también, por el mando de esa mano que mece la cuna que es el poder económico; no parece que sea el interés general el que prime, la importancia del pueblo es su voto, solo eso. Y en este estado de cosas, el poder judicial también tiene su papel para que la gente perciba que no somos iguales ante la Ley y la Justicia, diferentes y desiguales en base a la condición, situación o rango de cada cual.
El PP tiene la intención de renovar la interinidad del Consejo General del Poder Judicial sine die en vista a que el gobierno caerá en manos del PSOE y este consejo fue nombrado por el PP y, obviamente, buena parte de los magistrados que lo forman son políticamente de su entorno; no hay que olvidar que este partido aún tiene procedimientos abiertos y no es lo mismo contar en este órgano con jueces afines que lo contrario. El PSOE quiere lo contrario por, exactamente, lo contrario; una renovación que la Constitución establece expresamente en su art. 122.3 que será cada cinco años, pero este incumplimiento no parece que sea importante, ni provoca escándalo aunque sea anticonstitucional, es un ataque al Estado de Derecho con una clara intromisión del poder político en el funcionamiento del judicial. En esta sociedad cumplir o incumplir la Constitución tiene su importancia según los intereses políticos que en cada momento tengan más fuerza.
El despropósito de esta amnistía no es sino uno más de un largo etcétera que el sutil manejo de la opinión pública ha ido normalizando, algo en lo que el propio PP ha contribuido torpemente con la campaña desatada contra la amnistía mucho antes de que Sánchez abriera la boca.
Parece que hemos olvidado todos aquellos políticos salpicados con casos de corrupción que jamás pusieron un pie en la cárcel. Según un estudio del Instituto de Investigación en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, entre 2000 y 2020 se han conocido 3.743 casos de corrupción política en España, casi un tercio de los procedimientos -1.270- han sido archivados, mientras que el 30,16% continuaban abiertos al final del periodo y un 35,9% acabaron en juicio. De estos últimos, el 15,7% de los procedimientos que han llegado a juicio han acabado con la absolución de los acusados, mientras que en el 20,2% de los casos ha habido condena por al menos uno de los implicados, según este estudio. Procesados han sido 226 entre políticos, funcionarios y empresarios, pero políticos encarcelados se contabilizan en 90. Una de las conclusiones de este estudio es que “el castigo electoral ante escándalos de corrupción es escaso”. Está claro que la corrupción política y su trato de beneficio ante los jueces está desde hace años normalizado y no produce escándalo en los ciudadanos, ni nunca ha sido considerado una amenaza al Estado de Derecho y a la democracia.
Como el caso del Emérito que encuentra defensa en media población y de manera medida va asomando para normalizar su presencia en España y al que ya casi nadie pide responsabilidad por el presunto manejo fraudulento de su corona y, en cambio, Corina Larsen se nos presenta como la despiadada mujer de vida en rojo que se ha quedado, miserable, con el dinero que amablemente donó a su cuenta Su Majestad. Muchos son los casos que señalan la falta de ritmo que tiene la justicia para con unos y con otros y, para que la nube del olvido no aclare solo allí donde la amnistía, indigna, ocupa lugar, es bueno no olvidar todo aquello que debería hacer sonrojar al mundo político y al de la toga.
Hay que recordar que no hubo escándalos con los indultos por delitos de corrupción y de terrorismo aprobados durante todos los gobiernos de la democracia, en concreto 240 desde 1996 a diciembre de 2021; Felipe González, sólo en 1996, concedió 10 indultos a corruptos, Aznar 139, Zapatero 62, Rajoy 16, Sánchez 4 y los 9 parciales del procés. González indultó, entre otros, a Armada, pese a la gravedad del golpe del 23F, también a los corruptos de FILESA, Aznar indultó a un terrorista de ETA y a 15 miembros de la organización terrorista catalana Terra Lliure, Zapatero al terrorista Sebastián Rodríguez, Rajoy, entre otros, a un alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol, Josep María Servitje, que había sido condenado por prevaricación y malversación de fondos públicos a cuatro años y medio de cárcel. Todos estos indultos a corruptos y terroristas más el resto hasta completar 240 pasaron casi desapercibidos para los españoles, de muchos nos hemos enterado años después. El primer escándalo por indultos se produjo con los parciales a los del procés concedidos por Sánchez.
Franco aprobó doce indultos generales -salvo de penados por delitos de sangre- acordados por diversos motivos, entre otros: en 1954, con motivo del Año Santo Jacobeo y Mariano, cuyo texto decía que se concedía “para que el Gobierno, en su deseo de contribuir a la paz y concordia propias del Año Jubilar, haga especial ofrenda al Apóstol de un amplio perdón, tan grato a la Iglesia como a los sentimientos cristianos de nuestro pueblo”, en 1958, con motivo de la entronización del Papa Juan XXIII, en 1961, por el XXV aniversario de la Exaltación de Franco a la Jefatura del Estado, y en 1969, que se declaró la prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. De entre los indultados se incluyeron los nacionalistas vascos del PNV. En definitiva, el católico perdón de los pecados parece que fue aparentemente lo que empujó a Franco a estos indultos cuando, en realidad, todos fueron por la presión de la comunidad internacional.
También hay que recordar que a partir de la muerte del dictador se produjo una secuencia de indultos que fue vaciando las cárceles de presos por todo tipo de delitos salvo los de sangre, en total unos 18.000, de entre los cuales unos 400 presos políticos vascos hasta culminar en la Ley de amnistía de 1977 que se aplicó a todo tipo de delito y que benefició a 89 terroristas -53 del GRAPO, 23 de ETA y 12 del FRAP-. La democracia se iniciaba con una amnistía incluso a terroristas. Más tarde, Felipe González aprobó en 1984 y 1991 dos amnistías fiscales evitando la condena y pena de los defraudadores y Rajoy aprobó otra en 2012 de la que se beneficiaron 31.000 personas, como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas y varios hijos de Jordi Pujol, aunque esta amnistía fiscal fue anulada por el Tribunal Constitucional. Esta anulación no afectó a quienes se beneficiaron de ella.
Todo esto parece olvidado por quienes ven en la amnistía el hundimiento de España y la democracia en peligro. La amnistía de los independentistas catalanes es un enorme despropósito, pero lo es porque su finalidad no es otra que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. El tiempo dirá si trae algún beneficio a la concordia con los catalanistas y si contribuye a seguir reduciendo el movimiento independentista, pero ahora su justificación es triste, interesada e injusta y una muestra más de que quien hace la Ley, hace la trampa.
Sobre la amnistía y su encaje constitucional hay opiniones de juristas en los dos sentidos, unos hacen una interpretación extensiva de la prohibición expresa de los indultos generales y otros advierten que el indulto general es una figura distinta a la amnistía, en el primero se perdonan las condenas y en la segunda se perdonan los hechos y al ser dos figuras jurídicas distintas recuerdan que la misma Constitución consagra el principio de legalidad y este implica que las prohibiciones siempre han de ser expresas, no valen prohibiciones presuntas ni interpretativas, han de ser expresas, por lo que al no prohibirla la Carta Magna la consideran legalmente posible, el problema será en qué términos la plantee la Ley y con qué justificación, que no sea la de conseguir la investidura. Salvo que los magistrados del Constitucional hagan, en su momento, un frente común contra ella.
Una sensación amarga, mientras tanto, inunda de nuevo a todo un país al que apenas cabe duda que la Ley y la Justicia no ofrecen el mismo trato a todos y que la política, en general, no conoce límites para acotar sus ansias de poder.
