La sala de Lo Penal sección 1 acordó el pasado 8 de marzo la apertura de juicio oral contra Yassine Kanjaa por la presunta comisión de un delito de asesinato terrorista yihadista contra Diego Valencia, sacristán de La Palma de Algeciras, y un delito de lesiones de carácter terrorista yihadista igualmente contra el sacerdote Antonio Rodríguez, párroco de la Iglesia de San Isidro, una vez que todas las partes, incluida la defensa del procesado, con reservas sobre el procedimiento y la competencia de la Audiencia Provincial, mostraran su conformidad con la conclusión del sumario. Sin embargo, la defensa ha remitido un nuevo escrito en el que solicita que las acusaciones populares que constan personadas en el procedimiento lo hagan bajo una sola representación procesal y una sola dirección letrada, lo que retrasará previsiblemente la apertura del juicio oral. Efectivamente, se cuentan hasta siete acusaciones populares: Asociación Dignidad y Justicia, Asociación Víctimas del Terrorismo, Asociación 11 de marzo afectados del Terrorismo, Equipo Víctimas de la Guardia Civil, Fundación de Abogados Cristianos, Obispado de Cádiz y Ceuta y el partido político Vox.
La reclamación de la defensa de Kanjaa no es nueva y ya fue desestimada por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 por no ser el momento procesal oportuno, pero la reitera porque, conocidas las acusaciones y las penas propuestas por cada uno de los delitos que se le imputan, considera que hay una concurrencia de intereses entre las acusaciones populares. En este sentido, apunta que todos los escritos coinciden con el Ministerio Fiscal en acusar al investigado por un delito de asesinato terrosita, un delito de tentativa de asesinato de terrorista y un delito de lesiones terroristas. Únicamente el Equipo de Víctimas de la Guardia Civil plantea dos lesiones de tentativa de asesinato terrorista. Y, por otra parte, Fundación de Abogado Cristianos y el Obispado de Cádiz y Ceuta suman los delitos de interrupción al culto y de profanación y provocación a la discriminación y al odio, en el caso de la Fundación Abogados Cristianos. De modo que la unificación, sostiene, garantizaría la eficiencia del procedimiento y evitaría la reiteración de diligencias.
Antes de este escrito, la defensa ha insistido en que los delitos que se le imputan a Kanjaa, sin cuestionar los hechos y la autoría, no son competencia de la Audiencia Nacional, y por lo tanto deben ser juzgados por un tribunal del jurado y no por la Sala de lo Penal. Y reitera, en este sentido, que las acusaciones que atribuyen finalidad terrorista no se sostienen a consecuencia de la anomalía y alteración psíquica que padece el acusado.
Sin embargo, el magistrado determinó que la alteración psíquica del acusado cuando llevó a cabo el ataque afecta, en todo caso, al alcance de la culpabilidad, pero no a la calificación de los hechos como terroristas, y sostuvo que el ataque mortal fue premeditado por las conversaciones mantenidas por Whatsapp por su madre, entre otras personas, y la radicalización religiosa adquirida en las semanas previas a los hechos.
De prisión revisable a 25 años de prisión
Entre las acusaciones populares contra Yassine Kanjaa por la presunta comisión de un delito de asesinato terrorista yihadista contra Diego Valencia, sacristán de La Palma de Algeciras, y un delito de lesiones de carácter terrorista yihadista contra el sacerdote Antonio Rodríguez destaca la de Vox, que pide prisión permanente revisable. Solo la Asociación 11 de marzo afectados de Terrorismo solicita una pena menor, 25 años de prisión, mientras que el resto oscilan entre los 50, por parte de la Fiscalía y los 58 y 59 por parte de la Asociación Víctimas del Terrorismo y Abogados Cristianos, respectivamente.
