IU Cádiz Ciudad ha reclamado al alcalde, Bruno García, este jueves el cese inmediato de la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, ante el posible conflicto de intereses en la operación urbanística de Casitas Bajas que ha llevado a la formación a formular denuncia ante la Oficina Antifraude para que se pronuncie al respecto.
En rueda de prensa, el miembro de la Coordinadora Local de IU Cádiz Ciudad, Raúl Lainez, acompañado de la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto, ha explicado los detalles de la denuncia. Láinez ha explicado que ese suelo, de titularidad privada pendiente de edificar, cuenta con un importante aprovechamiento urbanístico a favor del Ayuntamiento. Durante el mandato anterior, el equipo de Gobierno rechazó en reiteradas ocasiones las ofertas del propietario del terreno para el establecimiento del sistema de actuación por compensación de esa unidad de ejecución. Sin embargo, ha advertido de que, si bien el nuevo equipo de Gobierno, con el PP al frente, se opuso igualmente a las intenciones de la promotora, Planvalore Gestión Urbanística, decidió el mes pasado vender ese aprovechamiento público a su favor y, con los ingresos, iniciar el proyecto previsto en Manuel de Falla.
Para IU Cádiz Ciudad el cambio de postura no es casual, dado que la empresa “que va a conseguir salirse con la suya tiene conexiones directas con la concejala de Vivienda y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán”. Para llegar a esa conclusión, la formación ha echado mano del registro mercantil. Según la investigación llevada a cabo, Planvalore Gestión Urbanística, domiciliada en la calle Santa Teresa, 10, en Cádiz, tiene como socio único a Mercado Espalol de Avales, Fianzas y Otras Garantías Personales, que, a su vez, figura como administrador o apoderado otras empresas con el mismo domicilio fiscal en la capital gaditana.
Entre estas, IU Cádiz Ciudad señala Simancon Promociones Inmobiliarias S. L, cuyo administrador único sería el marido de Ana Sanjuán, Antonio Cabeza de Vaca García, socio único, a su vez, de Grupo Empresarial Bahía, que originalmente tenía como administrador único al mismo que el de Planvalore Gestión Urbanística y que desde 2017 pasó a sus manos.
Láinez también ha señalado que la propia Sanjuán tiene el 42,5% de las participaciones de otra sociedad, CAV Servicio Integral de Proyectos y Obras S. L , cuyo objeto social es “la promoción, construcción, compra, venta, arrendamiento o explotación de parcelaciones, urbanizaciones, viviendas, apartamentos y chalés”. “Es evidente la influencia que puede ejercer en la toma de decisiones Ana Sanjuán, que forma parte de la Junta de Gobierno Local, órgano que aprueba o rechaza los instrumentos urbanísticos que presenta la promotora” y como presidenta de Procasa, empresa que ejecutará la subasta, ha añadido el portavoz de IU.
De manera que “la concejala conocerá cada detalle del pliego de licitación que salga; parece claro que el conflicto de interes se va a dar”, ha concluido, por lo que reclama al alcalde, Bruno García, que al margen de la respuesta de la Oficina Antifraude “no mire para otro lado” y proceda al cese de la edil.
“El PP se sienta a los dos lados” de la operación urbanística de Casitas Bajas, ha observado, por su parte, Inmaculada Nieto, quien considera que “quien lleva (los asuntos de) Vivienda (en la ciudad) no puede ser parte beneficiaria a título lucrativo” de las decisiones que tome el Ayuntamiento.
Nieto ha avanzado que la formación no descarta tomar acciones legales, llegado el momento, pero ha reiterado que el alcalde debe retirar las competencias, igualmente, a Ana Sanjuán.
