La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha autorizado el proceso de verificación de los planes de estudio de otras siete titulaciones de la Universidad de Cádiz (UCA) contempladas en la nueva programación académica que se implantará a partir del curso 2025/2026 en el sistema público de educación superior, con una oferta global de 188 enseñanzas.
Ese refrendo se ha dado para un total de 36 enseñanzas presentadas por las instituciones académicas públicas. En concreto, la UCA ha recibido la valoración previa a dos grados, tres másteres y dos doctorados, que se suman a las ocho ya presentadas por esta institución académica en la primera convocatoria abierta en el último cuatrimestre de 2024 para su análisis previo por parte de la Junta, ha detallado el departamento de Gómez Villamandos en un comunicado.
La emisión de la Consejería de Universidad de estos informes preceptivos previos permite activar el proceso de verificación y la posterior aprobación e impartición de estos 36 títulos, que se implantarán a partir del curso 2026/2027. De acuerdo con el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias en la comunidad, aprobado en 2023, a través de dichos informes se evalúan la adecuación de los títulos a los objetivos y criterios fijados en la programación, así como su viabilidad académica y social.
En esta segunda convocatoria abierta en enero pasado, el 100% de las titulaciones presentadas por la institución gaditana ha obtenido el visto bueno de la Administración autonómica, según la Junta. De los dos grados analizados, uno de ellos tiene carácter interuniversitario, el de Logística y Transporte Inteligente, en el que la UCA ejerce de coordinadora y lo impartirá junto a la Universidad de Córdoba. También ha presentado el grado en Ingeniería en Energías Renovables.
En el apartado de los másteres, se han programado tres, que serán conjuntos y se desarrollarán en colaboración con otros campus bajo la coordinación de la UCA. Son el máster en Derecho del Vino, que se ofrecerá junto a las universidades de Córdoba, Málaga, Castilla La Mancha, La Rioja y Valladolid; el de Diseño Industrial e Innovación, que también se llevará a cabo en las instituciones de Almería y Málaga, y el de Dirección de Proyectos que, además de en la UCA, también se ofertará en la de Córdoba y Málaga.
En cuanto a los dos programas de doctorado, ambos se han diseñado en modalidad interuniversitaria y con la dirección de la UCA: el de Marketing e Investigación de Mercados se impartirá también en el campus de Málaga y el de Investigación y Análisis del Flamenco se cursará, igualmente, en las universidades de Córdoba, Granada y Huelva.
Estos siete títulos se incluyen en el mapa global aprobado para la Universidad de Cádiz, que se compone de 21 nuevas formaciones universitarias.
CRITERIOS PARA EVALUAR LA VIABILIDAD Y LA ADECUACIÓN A LA PROGRAMACIÓN
Para la correcta valoración de la Consejería de Universidad en este paso previo, la UCA, al igual que el resto de las instituciones públicas, ha tenido que pronunciarse en la documentación aportada sobre una serie de criterios contemplados en la propia programación académica. Entre ellos, destacan la estructura socioeconómica de la comunidad y del territorio en el que se inserta, la inserción laboral y la formación dual, la viabilidad de las nuevas titulaciones, el equilibrio territorial de la oferta de enseñanzas, los títulos conjuntos o la internacionalización. Asimismo, se han evaluado el principio de especialización de la universidad y complementariedad de la programación, la suficiencia de recursos de personal e infraestructuras, la solvencia y viabilidad económica y el aseguramiento de la calidad.
Atendiendo a esos parámetros, las universidades han tenido que aportar datos prospectivos que justifiquen la inserción de la enseñanza en el sistema productivo, así como información sobre la absorción de los egresados en el tejido empresarial, prestando mayor atención a conocimientos relacionados con los idiomas, la innovación, las TIC y el emprendimiento. De igual modo, se les ha requerido que demuestren la viabilidad de la enseñanza con un estudio de la evolución de titulaciones afines en los últimos cursos en el sistema universitario andaluz y español. En este caso, además, las universidades deben acreditar que los estudios de grado presentados tendrán un número de estudiantes de nuevo ingreso de en torno a 60, y, en los másteres, que contarán con unos 30.
En cuanto al equilibrio territorial, las instituciones académicas tienen la obligación de hacer una valoración de la zona de influencia del título con respecto al mapa de enseñanzas existente. Además, teniendo en cuenta lo que establece la normativa, la Consejería de Universidad evalúa favorablemente que los másteres se impartan en modalidad conjunta "por ser un elemento cohesionador del sistema universitario que favorece su eficiencia y equilibrio", señala.
También se tiene en cuenta en el informe previo, ha explicado la Junta, el componente de la internacionalización, tomando en consideración aspectos como la formación en otro idioma, especialmente en inglés; la movilidad de estudiantes, la captación de alumnado extranjero o la disponibilidad de un personal docente e investigador con las competencias adecuadas para realizar su actividad en otras lenguas. Se valoran, igualmente, aquellos títulos en los que, al menos, un 50% de los créditos sean impartidos en una segunda lengua, formen al estudiantado en la competencia lingüística y le preparen para un mundo laboral donde es primordial el conocimiento de uno o más idiomas extranjeros.
En materia de suficiencia de recursos, la universidad tiene que acreditar que dispone del personal docente e investigador para cubrir, al menos, el 85% de la oferta de créditos del título. Para las enseñanzas con mención dual, conjuntos e internacionales, la referencia mínima se establece en un 75%. En el caso de las enseñanzas virtuales e híbridas, es necesario describir los medios materiales y servicios disponibles para el cumplimiento de los objetivos de esta modalidad.
En relación con la solvencia y la viabilidad económica, las universidades están obligadas a aportar una memoria económica que contenga los datos relativos a las infraestructuras materiales, los recursos de personal docente e investigador y de plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios para impartir la nueva enseñanza. Esa información tiene que detallarse por cada curso desde su puesta en marcha hasta su total implantación, así como las fuentes de financiación.
Una vez informada favorablemente la solicitud de las universidades, la Junta la comunicará a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), que será la encargada de evaluar el contenido de los planes de estudio. En esta fase de verificación será el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el responsable de adoptar la última decisión teniendo en cuenta dicha valoración.
