Entre el pasado 19 de mayo y el jueves pasado, el equipo de Gobierno liderado por Bruno García ha dado inicio al trámite de tres modificaciones puntuales del PGOU para fomentar el acceso a la vivienda y el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha refrendado las propuestas realizadas. El alcalde ha insistido desde que tomó posesión del cargo, hace justo dos años, que la crisis habitacional en la capital gaditana, y la consecuente pérdida de población, es prioridad.
Los datos aportados por la Delegación de Urbanismo para justificar las propuestas impulsadas en apenas tres meses confirman la delicada situación por la que atraviesa el municipio en este sentido. Se estima que la suma total de viviendas publicitadas para alquiler residencial anual en los principales portales web de alquiler de viviendas se sitúa en torno a unas 100 viviendas. Además, Cádiz destaca por ser uno de los municipios de Andalucía de más de 100.000 habitantes con mayor renta de alquiler , superando los 7,20 euros el metro cuadrado, solo superado por los municipios de Málaga, Sevilla y Marbella.
Asimismo, en cuanto al precio de compra de una vivienda de nueva construcción, según informe de la plataforma de tasadores inmobiliarios, está tasado en una media de 3.199 euros el metro cuadrados, lo que supone un esfuerzo de compra del 75% de una renta media, lo que hace a nuestra ciudad uno de los municipios a nivel nacional con mayor índice de esfuerzo.
Pese a cuestionarlo en la oposición, el PP ha asumido tras acceder al Gobierno local que “el crecimiento de las plazas para el hospedaje es una de las causas de disminución del potencial mercado de viviendas, por ejemplo, para alquiler de larga duración”. Y ha adevertido de que “este efecto de reducción de oferta de alquiler genera importantes disfuncionalidades en el mercado de vivienda y contribuye a la subida de precios del alquiler, al incrementar el desequilibrio entre demanda y oferta”.
Por un lado, el Ayuntamiento ha alertado del incremento de las viviendas turísticas (188 más entre octubre de 2022, cuando se aprobó la primera moratoria y este año, con un total de 2.425 y 11.509 plazas, suponiendo con respecto al número de viviendasutilizadas para el uso residencial del 4,89%) y de la pérdida de la vocación originaria de residencia de fincas completas para dar cobertura a una actividad económica turística. Por ello, decidió prohibir nuevas licencias de pisos turísticos y blindar el suelo residencial frente a hoteles y apartementos turísticos.
La tercera medida adoptada ha sido reducir el ámbito de aplicación de la ordenanza que regula los ejes comerciales, con una drástica reducción de los mismos y permitiendo en 25 calles transformar entre 130 y 150 locales comerciales en pisos. Esta iniciativa, sin embargo, no ha concitado el mismo apoyo político y sectorial que las dos anteriores. IU, integrada en la coalición Adelante Izquierda Gaditana, que denuncia la existencia actualmente de ‘pisos zulos’ en alquiler en locales comerciales, cree que el Ayuntamiento “consolida un modelo de vivienda precaria y debilita el comercio de proximidad”. Cádiz Centro Comercial Abierto, por su parte, estudia la presentación de alegaciones porque tampoco están convencidos.
