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Agua para las familias de Cádiz en exclusión social

Aunque no dieron números de los cortes del suministro, se busca que "todos los instrumentos toquen la misma partitura"

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El alcalde de Cádiz habló de dignidad humana, de aunar esfuerzos, de que “todos los instrumentos toquen la misma partitura”. Todo ello bajo un denominador común que el agua es “nuestro derecho” y como empresa municipal que es Aguas de Cádiz debe facilitarse el suministro a todas aquellas familias que lo pasan mal, para evitar así que haya cortes del suministro. Un corte de suministro que no se pudo concretar por parte de la gerencia de la empresa municipal, Jesús Oliden, pero que busca poner “a disposición de los vecinos más necesitados todos los recursos”.

El Gobierno local presentaba el Programa de Ayuda al Suministro de Agua a Personas en Riesgo de Exclusión Social, un proceso a través del cual, el Ayuntamiento de Cádiz garantizará un consumo mínimo vital de agua para los vecinos y vecinas de la ciudad. Para ello trabajará de la mano de Servicios Sociales, cuyos técnicos definirán quién está en exclusión social y quién no, a la vez que les solicitarán los requisitos y documentación oportuna. Oliden explicó que “se abona toda la factura a excepción de los residuos sólidos urbanos”.

Tuvo su materialización en las jornadas de participación que se celebraron el pasado mes de marzo para la elaboración del Plan Estratégico 2017/2027. De la Fuente ha relatado que “tanto en las sesiones de diagnóstico como en la mesa para la garantía del derecho humano al agua en las que participaron colectivos sociales, económicos, profesionales y políticos de Cádiz, se demandó la necesidad de establecer un Suministro Mínimo Vital a personas en riesgo de exclusión social, de proveer un Fondo Social Solidario para estos casos y de declarar el Agua como un derecho humano”. En esta iniciativa han participado colectivos y partidos políticos.

Los destinatarios de este programa serán familias catalogadas en exclusión social o familias con problemas transitorios económicos. En caso de exclusión social, la concesión  del suministro mínimo vital (SMV) subvencionará el pago de los conceptos bonificables de la factura durante un periodo inicial de 12 meses revisable a los 6, a partir de la fecha de aprobación de la ayuda solicitada, explicó el concejal Álvaro de la Fuente.  Estas ayudas serán con cargo al fondo Social Solidario de Aguas de Cádiz, hasta agotar la partida anual de 300.000 euros prevista para esta medida de acción social.
“No es un cheque en blanco”, añadió Oliden quien agregó que se busca un “buen uso del agua”, con una cantidad limitada a tres metros cúbicos mensuales.

En caso de problemas transitorios: si una persona manifiesta la imposibilidad de pagar la totalidad de la factura o deuda a su vencimiento, puede solicitar un aplazamiento, un fraccionamiento o un plan de pagos.

Semanalmente, el Área de Bienestar Social remitirá a Aguas de Cádiz el listado de personas que han presentado solicitud de renovación de la concesión del suministro mínimo vital.  Las nuevas solicitudes deberán estar valoradas en un período máximo de cuatro meses a contar desde su fecha de presentación.  Además habrá un comité de seguimiento de estas medidas que desencadenará en el Observatorio del Agua.
El alcalde agregó que “queremos terminar con ese peregrinar de las familias todos los meses, por su dignidad y su autoestima”.

Para su puesta en marcha deberá pasar el aprobado del consejo de administración de Aguas de Cádiz, que está previsto para principios de junio.

Se supone que con esta iniciativa habrá un mayor control del destinatario de las ayudas, puesto que estará centralizado en su totalidad desde Servicios Sociales, y se podrá ver por qué algunas facturas se pasan de los límites, si existen problemas en las tuberías por fugas o se hace un mal uso del agua.

Nueva imagen
Por otro lado, Aguas de Cádiz ha cambiado su imagen: nuevo logotipo, nueva web, con cuentas en twitter e instagram. Todo gracias al trabajo realizado a nivel interno, el departamento de comunicación del Ayuntamiento y un coste de unos 12.000 euros en recursos externos.
Todo por dar nuevas vías a la “participación” y renovar una imagen que procedía de mediados de los 90.

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