La Coordinadora CIEs No en Cádiz ha solicitado la inmediata puesta en libertad de las personas de nacionalidad argelina internas en el Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Algeciras. “Argelia ha suspendido indefinidamente las repatriaciones de inmigrantes irregulares llegados a España desde sus costas como consecuencia del posicionamiento político de España sobre el conflicto del Sahara Occidental”, recuerdan.
Por ello, desde la entidad denunciante añaden que, “tal como viene regulado en el Reglamento que regula el funcionamiento de los CIE, los centros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, destinados a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso por las causas y en los términos previstos en la legislación de extranjería”.
Añaden que “el ingreso y estancia en los centros tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, y estará orientado a garantizar la presencia del extranjero durante la sustanciación del expediente administrativo y la ejecución de la medida de expulsión, devolución o regreso”.
“La única finalidad del internamiento en CIE es la ejecución de la expulsión del país, y siendo imposible realizar la misma, carece de respaldo legal mantener el internamiento de estas personas”, subrayan.
Señalan que “en la actualidad, más de una quincena de personas procedentes de Argelia se encuentran internadas en el CIE de Algeciras, donde ingresaron el pasado 13 de febrero procedentes de una llegada a la costa de Almería. Dichas personas, dada la imposibilidad de materializar su repatriación, no deben, bajo ningún concepto, seguir privadas de libertad en estas instalaciones”.
Las entidades que forman la plataforma denuncian las “precarias condiciones en las cuales se encuentra el CIE de Algeciras, ubicado en el antiguo Centro Penitenciario de La Piñera, que fue cerrado en el año 2000 porque el edificio se encontraba en condiciones inadecuadas para seguir funcionando, y que fue reutilizado en el año 2003 para albergar a personas migrantes, y donde distintos organismos nacionales e internacional ha solicitado su cierre inmediato. Señalan, nuevamente, que existen alternativas a este tipo de centros, que es donde deben destinarse los cuantiosos recursos económicos que vienen malgastándose en estas cárceles para migrantes”.
Recuerdan, a su vez, que en estos centros “continúan encontrándose personas especialmente vulnerables, como menores de edad, personas enfermas, víctimas de trata, o susceptibles de acogerse a la protección internacional, y, sobre todo, personas que huyen de una situación de extrema pobreza, ante la cual, la única respuesta es el abandono y la invisibilización”.
