Esa normativa de hace 24 años no ofrece un planeamiento acorde a la actual realidad urbanística del municipio, por lo que tomarla como referencia podría conllevar una paralización de la gestión ordinaria de los asuntos urbanísticos, con posibles consecuencias de índole territorial, urbanístico, medioambiental y económico para Chiclana.
Esta solución excepcional y novedosa, tomada a iniciativa de la Junta de Andalucía, se aplica con el fin de procurar una estabilidad y una seguridad suficientes en los ámbitos ya transformados, hasta que el municipio acometa la planificación del crecimiento futuro mediante un nuevo PGOU, ahora en tramitación. Deberá ser esa planificación la que tome las decisiones sobre los proyectos de crecimiento urbanístico mediante su clasificación como suelo urbanizable, cuestiones que en estos momentos no pueden tener cabida en las Normas Transitorias.
La medida ha sido consensuada previamente entre ambas admi-nistraciones, que han mantenido reuniones periódicas en los últimos meses para acordar el documento urbanístico transitorio que se está ultimando por los equipos técnicos de la Consejería y el Ayuntamiento. Previamente a este trabajo conjunto, la iniciativa se ha sometido a debate en el Pleno municipal del Consistorio, a petición del Gobierno autonómico, para evitar así cualquier interferencia en la autonomía municipal.
Tras la aprobación de la Orden por parte de la consejera, la Dirección General de Urbanismo deberá emitir un informe favorable de las normas transitorias para con posterioridad someterlas a información pública durante un mes, periodo en el que se dará audiencia al municipio. Una vez completada esta fase la Consejería de Obras Públicas y Vivienda elevará el documento al dictamen del Consejo Consultivo para recibir finalmente el visto bueno del Consejo de Gobierno.
Esta medida está fundamentada en el artículo 35 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que establece que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previa audiencia al municipio afectado y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, podrá suspender, cuando resulte necesario para salvaguardar la eficacia de las competencias autonómicas, cualquier instrumento de planeamiento por un plazo de hasta dos años para su innovación.
No obstante, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda confía que la vigencia de las normas transitorias no se prolongue hasta los dos años que fija el marco legislativo, puesto que el Ayuntamiento ya tramita el nuevo Plan General de Chiclana, en la actualidad pendiente de aprobación inicial.
