El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles una proposición no de ley presentada por el PSOE-A, que ha contado con el apoyo de IULV-CA y la abstención del PP-A, y en la que se insta a la Junta a que demande al Ejecutivo central que constituya y convoque un foro de negociación cuatripartito en el que participen, además de los gobiernos de España y Reino Unido, la administración andaluza y las autoridades locales gibraltareñas para alcanzar un acuerdo y una solución a los problemas planteados con el tráfico en la verja.
En virtud de la iniciativa aprobada, el Parlamento andaluz manifiesta su apoyo a todos los trabajadores y al tejido empresarial del Campo de Gibraltar afectados por el conflicto, considerando que el ejercicio de la libre circulación de trabajadores, sin obstáculos ni discriminaciones, contribuirá a proteger los derechos fundamentales, a mejorar la productividad de las empresas de la zona y la calidad del empleo de los trabajadores.
Asimismo, el Parlamento reclama también que el Ejecutivo español desarrolle las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea en el sentido de adoptar medidas para agilizar el tráfico de personas y vehículos en la verja y que disponga los recursos humanos y materiales necesarios que minimicen las colas que se viene produciendo en la verja de Gibraltar, y promueva medidas de apoyo e impulso a la reactivación económica de la zona del Campo de Gibraltar.
En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A Rocío Arrabal ha recordado que Gibraltar es un destino turístico importante que atrae anualmente a muchos visitantes, lo que repercute directamente en el ámbito económico, y que 10.000 de los trabajadores en el Peñón son transfronterizos.
Ha destacado que por parte del Ejecutivo español, después de sucesos como el de los bloques de hormigón arrojados al mar por parte del Gobierno gibraltareño, se ha puesto un sistema de controles en la frontera que dificulta la libertad de paso en el acceso a la roca, "dañando seriamente al tejido empresarial y comercial" de la zona.
En su opinión, se hace necesario compatibilizar los controles de inmigración y aduanas con el tránsito de personas y vehículos a fin de minimizar las enormes colas que se viene produciendo a raíz de la intensificación por el Gobierno central de los controles en la verja. Para Arrabal, la situación debe afrontarse dentro de un contexto de entendimiento y diálogo fluido entre los distintos gobiernos, de manera que la solución llegue con celeridad.
PP-A CULPA A PICARDO DE LAS "TENSIONES"
El portavoz 'popular' Jacinto Muñoz ha criticado que se utilice "una vez más" al Parlamento andaluz para criticar las decisiones del Gobierno central, que es la institución que "vela por los intereses de todos los españoles" y el que "siempre ha intentado tener una relación sin tensión" con Gibraltar. En esta línea, ha acusado al gobierno gibraltareño y, en concreto, a Fabián Picardo, de ser quien "empezó a tensar la cuerda" rompiendo el pacto pesquero y quien "está en una actitud de provocación permanente".
Muñoz ha lamentado que PSOE-A e IULV-CA no reconozcan la labor del Gobierno a favor de los habitantes de La Línea frente a la Junta, a la que ha recriminado que no lleve a cabo "ninguna acción" para los trabajadores de este municipio. "Los controles de la verja no son un capricho político, es una obligación en cumplimiento de la normativa europea y siempre se han llevado a cabo. Son controles lícitos y necesarios y también los hizo el Gobierno socialista", ha señalado.
Por último, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha indicado que las "provocaciones" de las autoridades de Gibraltar y también del Gobierno de la Nación no benefician una resolución del conflicto, sin que además están "enturbiando" las relaciones entre dos pueblos limítrofes. A su juicio, se está utilizando a la gente que tiene que pasar todos los días por la verja como "escudo humano".
PSOE-A RECHAZA DOS ENMIENDAS DE IULV-CA
El PSOE-A ha rechazado las cuatro enmiendas planteadas por el PP-A y ha aceptado una enmienda de IULV-CA relativa a que la Junta inste al Gobierno a que adecue el dispositivo de control de fronteras existente mediante el incremento de la dotación de medios humanos y materiales actuales y ha rechazado dos también propuestas por el socio de gobierno.
En dichas enmiendas se pedía que la Junta instase al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para promover una alternativa jurídica equiparable a la condición de "trabajadores transfronterizos", y que el Gobierno andaluz estableciera relaciones con las autoridades locales gibraltareñas con el fin de promover mecanismos y cauces de colaboración, dentro de su marco competencial, en la mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de la ciudadanía del Campo de Gibraltar y de Gibraltar.
