La central térmica de Los Barrios anuncia su cierre

La central térmica de Viesgo en Los Barrios ha solicitado autorización administrativa para el desmantelamiento de la planta, en el marco de los programas de descarbonización trazados tras los nuevos límites de emisiones impuestos por la Unión Europea.

Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Miguel Alconchel, quien ha expresado su contrariedad, ya que la de Los Barrios era una de las cinco plantas de España que se iban a mantener más allá del plazo de junio de 2020.

A tal efecto, según explica Alconchel, Viesgo había invertido en la planta barreña cerca de 100 millones de euros para cumplir con los parámetros medioambientales, lo que postergaba su cierra a 2035.

Sin embargo, el alcalde reconoce que "sabíamos que este momento iba a llegar. No estaba programado el cierre, pero el mercado del CO2 se ha puesto muy caro, y nuestra central lleva un año y tres meses sin producir ni un megavatio y soportando los costes de producción".

Para hacer frente a una situación que ya se vaticinaba, el Ayuntamiento lleva un año y medio trabajando en la asociación de municipios contra la descarbonización, para "que el Gobierno se implique en las pérdidas que van a suponer los cierres".

Concretamente, el cierre de la térmica de Los Barrios supondrá para el municipio la pérdida de 1.700.000 euros de ingresos corrientes, en torno al 20 % del total que percibe el municipio, además de la pérdida de 91 puestos de trabajo.

Su cierre, 35 años después de su puesta en funcionamiento, "nos deja en una situación muy complicada, a un municipio que está en quiebra técnica desde hace más de una década", ha dicho el alcalde.

Para el Ayuntamiento, la esperanza se sitúa en un proyecto para la instalación en su lugar de un parque eólico, que contará con doce aerogeneradores, y que permitirá reducir las pérdidas del municipio, así como la generación de una veintena de puestos de trabajo.

El proyecto, de un impacto medioambiental en la zona prácticamente inexistente, está aún pendiente de la autorización de la Junta de Andalucía, después de lo cual podría tardar un año en ejecutarse.