El Ministerio de Justicia ha remitido hoy al CGPJ la propuesta de creación de 5 nuevas unidades judiciales en la Comunidad autónoma de Andalucía con el objetivo de evitar que se saturen los juzgados debido al “extenso periodo de ralentización estructural de la Administración de Justicia” durante la pandemia. Con esta medida, en menos de un mes Justicia da cumplimiento a la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, con el objetivo de que algunas de estas unidades de nueva creación entren en funcionamiento a finales de este año.
Las nuevas unidades judiciales son: 2 Juzgados de lo Social (Huelva y Córdoba), 2 de lo Mercantil (Cádiz y Granada) y una plaza de magistrado para la sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, correspondiente al orden Civil y Penal.
La sexta plaza de magistrado en la sede algecireña de la Audiencia Provincial viene siendo demandada desde hace años, en especial desde la implementación de las medidas del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar y el consiguiente aumento de procesos relacionados con el narcotráfico. La última vez que se amplió la plantilla judicial de la sección 7ª fue en enero de 2019, cuando se sumó el quinto magistrado a la misma.
La ralentización sufrida en la Administración de Justicia como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, exigía un impulso efectivo que permita dar una salida ágil al volumen de procedimientos suspendidos y acumulados desde que se decretó el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 7 de julio la aprobación de un ambicioso Plan de actuación con medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID 19 y aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria.
Este Plan se despliega en dos fases y afectará a un total de 315 juzgados, principalmente a los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo. Permitirá adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la crisis COVID 19, en un plazo de 3 años (un tercio de las plazas se crearán en el primer año), atendiendo siempre a las necesidades en cuanto a volumen de carga de trabajo habitual, el aumento debido a la ralentización durante la pandemia y a una mejor optimización de los recursos personales y materiales disponibles.
